La Paz, 27 de septiembre (ANF).– El primer infanticidio de 2019 se registró el 11 de enero y el último el 19 de septiembre. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por sus padres y en sus hogares. La violencia sigue creciendo y matando a los más indefensos. Hasta el mes de septiembre se reportó 43 asesinatos de niños y niñas en Bolivia, cuyas edades oscilan entre días de nacido y 11 años.
La primera víctima, un pequeño de cuatro años, fue asfixiada con una almohada por su madre, quien luego intentó suicidarse, argumentando que el niño tenía dificultades en el habla y ella problemas sentimentales con su pareja. El hecho se produjo en la zona de Villa Fátima de la urbe paceña.
El último caso, sucedió en Cochabamba. Un niño de dos años y medio fue golpeado hasta la muerte por su padrastro por hacer sus necesidades biológicas en su pantalón. De acuerdo al informe forense, se reveló que el pequeño tenía “bastantes coágulos en la cabeza” y que recibió patadas y puñetes que no pudo resistir.
Otro caso que conmocionó a la población, el pasado 30 de agosto, fue un cuádruple infanticidio de niños que tenían apenas tres cinco, nueve y una adolescente de 15 años. El crimen se registró en Santa Cruz. Los menores que fueron asesinados por su padre, quien intentó suicidarse lanzándose del puente del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor, sin embargo, sobrevivió y confesó los infanticidios.
"Les di raticida a los cuatro, pero no les pasó nada y tuve que utilizar un cuchillo para acabarlos", relató el hombre.
Heridas que crecen
Los últimos datos de la Fiscalía General del Estado establecen que entre enero y septiembre de 2019 se registraron 43 casos de infanticidio a nivel nacional.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y de Género, Roberto Almendras, informó que el departamento con más casos denunciados es La Paz (con 14 casos), seguido por Santa Cruz (9), Chuquisaca (5), Cochabamba (4), Beni (3), Potosí (3), Oruro (2), Pando (2) y Tarija (1).
Datos estadísticos dan cuenta de que la problemática del infanticidio continúa en ascenso toda vez que en 2016 hubo 34 casos; mientras que en la gestión 2017 se registraron 84 muertes y en 2018, superó más de 80 asesinatos de niños y niñas. La mayoría fue victimada por sus progenitores, padrastros o familiares cercanos.
La presidenta de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y Violencia Infantil, Melisa Ibarra, remarcó que los casos de infanticidio en el territorio nacional recién son visibles desde 2014 y 2015, cuando la Defensoría del Pueblo hizo un conteo de este tipo de casos a partir de notas de prensa que salían en distintos medios de comunicación, luego la Fiscalía comenzó a registrar los crímenes.
Sin embargo, Ibarra contó que muchas veces hay errores en las estadísticas y que no reflejan la cantidad real de los infanticidios, que, según su percepción por año, se registra entre 60 y 80 casos, similares a los del feminicidio.
“El infanticidio te arroja entre 60 y 80 casos al año, es una cifra parecida al feminicidio, pero este crimen no tiene tanto error porque la muerte de un adulto es difícil de esconder porque hay un entorno que busca (a la víctima). Mientras el cuerpo de un niño es fácil de ocultar, de deshacerse y nadie dice nada”, afirmó.
La activista manifestó que los agresores en este tipo de “crimen de odio” son los padres, padrastros y en menor cantidad, abuelos y tíos. El escenario más común donde se producen los asesinatos es el propio hogar de la víctima.
“Los que más agreden son papás, mamás, padrastros, madrastras, en poco número están los abuelos, tíos. El crimen está en el hogar, que es el escenario más violento para los niños. Poco se ha visto que este tipo de delitos se cometa afuera, en la calle, hay casos, pero son reducidos. Los matan en sus propias casas”, indicó.
No hay políticas públicas
Ibarra aseguró que pese a las cifras que van en aumento, no hay políticas públicas para evitar este delito en el territorio nacional. Lamentó que las alcaldías ni gobernaciones impulsen programas para evitar que más niños sean asesinados. Añadió, que el Gobierno debería implementar programas de Estado a corto, mediano y largo plazo para apuntar a la prevención.
“Las alcaldías y gobernaciones no hacen absolutamente nada, hay cosas pequeñas de instituciones. En la calle no se ve letreros que digan ‘no mates a un niño’ a diferencia de la violencia contra la mujer y otros sectores, que luchan por sus derechos, pero los niños de dos o tres años no pueden salir a las calles a exigir al Gobierno que implemente una política, esa es una de las debilidades más grandes que tenemos”, indicó.
De acuerdo a su percepción, el infanticidio se produce porque los adultos (agresores) piensan que los hijos les pertenecen y los “ven como inferiores” porque no existe una valoración a la vida de los pequeños.
Expresó que si bien Bolivia incorporó en la Constitución Política del Estado los derechos de los niños y en el Código Niña, Niño y Adolescente se estableció una pena de 30 años de cárcel para los casos de infanticidio en niños de 0 a 12 años de edad, la infancia continúa desprotegida, ya que no sólo son objeto de violencia física, sino que también están expuestos a la violencia sexual.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó que su institución hizo seguimiento a 10 casos de infanticidios que se registraron desde 2016 a 2019. Aclaró que pese a que no intervienen directamente en este tipo de casos, el objetivo es asegurarse de que no exista retardación de justicia, para que se cumpla la norma procesal y se valore los derechos humanos, tanto de la víctima y del agresor.
Cruz admitió que en la mayoría de los casos hay demoras procesales por debilidades en la administración de justicia.
La defensora dijo que este tipo de casos surge a raíz de la violencia familiar que se reporta en los hogares, pero que no son denunciados y llegan a acabar con la vida de inocentes.
“Muchas veces, los niños y niñas no tienen consideración de ciudadanía plena, se piensa que los niños tienen incapacidad para opinar, decidir (…). Todavía se mantiene una naturalización de violencia arraigada, por ejemplo, en las comunidades alejadas tienen costumbres bien establecidas sobre la objetivación de niños y mujeres”, agregó.
Reconoció que pese a normas como la Ley No 548, el Código Niña, Niño y Adolescente y la Ley Nº 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia son de “avanzada”, aún existen municipios que no cumplen con su aplicación.
Exhortó a que en las escuelas y principalmente en la familia se inculquen valores como la cultura de paz, el respeto a las personas y la no tolerancia a la violencia
La Defensoría Municipal de la Niñez de La Paz durante el primer trimestre de este año recibió 1.308 denuncias de diferentes formas de violencia contra niños y niñas. Cotahuma es el macrodistrito donde más casos se reportaron con 238. Le siguen la zona Sur con 206, Max Paredes con 181, San Antonio con 180 y Periférica con 178. Sólo en 2018 se registraron 6.744 casos de violencia, es decir que en promedio se reportan 18 casos por día.
Según el informe, los puntapiés, los puñetazos y las sacadas de mechones de cabello son las agresiones más crueles que se registran mayormente. Los agresores son principalmente personas que forman parte del entorno familiar.
De acuerdo con los datos de la Defensoría, los tipos de la violencia más comunes son: la psicológica, física y económica (falta de pago de la asistencia familiar).
ANF solicitó una entrevista con el Ministerio de Justicia para conocer datos oficiales de infanticidio en el país, pero hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta favorable.
Sin embargo, el pasado 22 de agosto, esa cartera de Estado reportó 32 casos de infanticidio y 600 casos de violencia sexual en contra de niños y adolescentes, entre enero y julio de 2019.
La directora de la Niñez, Ninoska Durán Burgoa, indicó que muchos infantes se encuentran indefensos y se comprometió a luchar por la niñez.
Recordó, un caso que se registró el 15 de agosto en la localidad de Sica Sica, donde un menor de 11 años fue asesinado por su madre. La autora del hecho arguyó que el niño “era hiperactivo y peleaba mucho con su hermano menor”.
“Nuestro compromiso fehaciente como gobierno nacional es la lucha contra la violencia, en este caso concreto y en aquellos en los que los niños no tengan ningún tipo de patrocinio. Muchas veces tenemos que ir contra sus propios padres”, manifestó.
“Me lo han matado a mi niño”
El pasado 2 de agosto, se conoció el asesinato de Thiago, un pequeño de tres años por golpes en la cabeza. De acuerdo a los informes, el menor padecía de síndrome de niño maltratado y fue internado en el hospital Metodista por un traumatismo en la cabeza, además de presentar otras lesiones en el cuerpo.
Por este caso se imputó por infanticidio al padrastro y la madre de Thiago. El abuelo del pequeño imploró entre sollozos justicia para su nieto. Agregó que la víctima tenía 60 días de impedimento a causa de los golpes que recibió de su padrastro.
“Me lo han matado a mi niño, tenía golpes en todo su cuerpo, tenía los brazos verdes, mi niño. En su espalda, su cabeza, su quijada, todo moreteado, me lo han masacrado a mi niño. Tenía anemia aguda, impedimento de 60 días, ¿eso es criar? Pido justicia para mi nietito”, suplicó.
Otro caso que conmocionó a La Paz, fue el de un niño de 11 años que fue asesinado por su propia madre en el municipio de Sica Sica, en el departamento de La Paz. La mujer de 29 años ahorcó al menor presumiblemente con una cuerda, en el baño de su vivienda, argumentado de que era muy travieso.
“Lo que refiere la madre es que el muchachito era muy travieso, demasiado hiperactivo por lo que ella estaba cansada de este tipo de problemas, y después de una reyerta que tuvo con su hermano, toma la decisión de quitarle la vida”, informó el coronel Sergio Bustillos, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
El informe médico forense también estableció que el niño padecía de desnutrición severa y tenía varias lesiones anteriores, por lo que se estima que fue víctima de maltratado.
Ante ese panorama, activistas sugieren al Gobierno destinar recursos económicos para implementar políticas públicas que frenen estos asesinatos que día a día acaban con la vida de los más inocentes del territorio nacional.
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