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Nacional Sociedad

Indígenas denuncian que empresarios usufructúan tierras fiscales.

ANF C4447 16:15:46 25-06-2004 LAB INDIGENAS-MARCHA-EMPRESARIOS. Indígenas denuncian que empresarios usufructúan tierras fiscales. La Paz, 25 JUN (ANF).- Las comunidades indígenas de esse-ejja, tacanas, cavineños, chacobo pacahuaras, yaminagua machineris y campesinas, denunciaron que empresarios de Beni y Pando se estarían beneficiando con 3.500.000 hectáreas de tierras de manera ilegal y amenazaron con una movilización, si se confirma este aspecto que consideran que está fuera de las normas de la Ley INRA. El abogado del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), con sede en Riberalta, Julio Urapotina, informó que las comunidades indígenas cuestionan el Decreto Supremo 25532, aprobado en la gestión del extinto presidente Hugo Banzer Suárez y que ahora pretende ser aplicado por los barraqueros. Precisan que una marcha de indígenas efectuada en julio del 2000 consiguió la anulación del D.S 25532 y la promulgación del D.S 25848, el cual establecía el saneamiento de tierras en el norte del país. Sin embargo, los barraqueros, empresarios, insisten en la aplicación de la norma anulada. Sostienen que los barraqueros presionaron a los distintos gobiernos con el objetivo de "resucitar", "reponer" o "clonar" el DS 25532 con diversos proyectos a su beneficio, como por ejemplo, insertar una ley modificatoria a la Ley Forestal que sumaba las demandas empresariales, además exigieron la conversión voluntaria de barraca en concesiones forestales. "Cuando pasó un tiempo, los indígenas descubrieron que los barraqueros pretendieron afectar varias comunidades a su favor con recortes sustanciales de tierras demandadas por los indígenas", dijo el abogado del CIPCA. Recordó que hubo mucha tensión en las comunidades mientras sucedía este proceso. Para que la paz retorne a las comunidades, los indígenas decidieron permitir las demandas de los empresarios, pero exigieron al Gobierno una demanda de compensación por las tierras que se iban a perder. "Pero los pueblos originarios temen que se esté a punto de aprobar un Decreto en beneficio de barraqueros, desconociendo los derechos indígenas a Tierras Comunitarias de Origen. Esta situación no es beneficiosa para las antiguas demandas indígenas, pues no contemplaría la compensación de los indígenas y se alterarían las demandas de tierras que exigen los pueblos originarios", explicó el abogado. MOVILIZACIíN. Ante esta situación, los pueblos originarios están en alerta, a la espera de que se confirme el posible decreto que retoca su demanda y estarían prestos a movilizarse para exigir su revocatoria, advirtió el líder indígena Fanor Amapo, presidente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO). Por su parte, los campesinos de las dos federaciones de Pando (departamental y regional) han manifestado su preocupación, puesto que no han visto en su totalidad los acuerdos de Cobija entre los representantes de los barraqueros, empresarios y del gobierno en el nuevo decreto sobre "Regular el Procedimiento de Saneamiento de Tierra en el Norte Amazónico". La normativa es necesaria, según el CIPCA, pero genera desconfianza, puesto que no establece un plan de emisión de resoluciones de dotación y titulación de comunidades campesinas para que se aplique en beneficio de los campesinos, por el contrario los barraqueros, con la norma consolidarían sus propiedades y concesiones. Los barraqueros son poseedores de hecho, de grandes extensiones de tierras para la recolección de castaña y aplican un sistema económico del pago a trabajadores zafreros de alimentos por trabajo. Para organizaciones sociales, el sistema barraquero es un sistema de semiesclavitud en el que los trabajadores se encuentran en condiciones infrahumanas, no cuenta con salario justo, seguros y beneficios sociales. Según los antecedentes, el conflicto surgió el año 1999, cuando los barraqueros consiguieron que la gestión presidida por el extinto presidente Hugo Banzer Suárez, firmara esa norma legal que convertía un total de 350 barracas entre 3.500.000 a 4.000.000 hectáreas, en concesiones forestales. //CQF//
25 de Junio, 2004
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ANF C4447 16:15:46 25-06-2004LAB INDIGENAS-MARCHA-EMPRESARIOS.Indígenas denuncian que empresarios usufructúan tierras fiscales.La Paz, 25 JUN (ANF).- Las comunidades indígenas de esse-ejja, tacanas, cavineños, chacobo pacahuaras, yaminagua machineris y campesinas, denunciaron que empresarios de Beni y Pando se estarían beneficiando con 3.500.000 hectáreas de tierras de manera ilegal y amenazaron con una movilización, si se confirma este aspecto que consideran que está fuera de las normas de la Ley INRA.El abogado del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), con sede en Riberalta, Julio Urapotina, informó que las comunidades indígenas cuestionan el Decreto Supremo 25532, aprobado en la gestión del extinto presidente Hugo Banzer Suárez y que ahora pretende ser aplicado por los barraqueros.Precisan que una marcha de indígenas efectuada en julio del 2000 consiguió la anulación del D.S 25532 y la promulgación del D.S 25848, el cual establecía el saneamiento de tierras en el norte del país. Sin embargo, los barraqueros, empresarios, insisten en la aplicación de la norma anulada.Sostienen que los barraqueros presionaron a los distintos gobiernos con el objetivo de "resucitar", "reponer" o "clonar" el DS 25532 con diversos proyectos a su beneficio, como por ejemplo, insertar una ley modificatoria a la Ley Forestal que sumaba las demandas empresariales, además exigieron la conversión voluntaria de barraca en concesiones forestales."Cuando pasó un tiempo, los indígenas descubrieron que los barraqueros pretendieron afectar varias comunidades a su favor con recortes sustanciales de tierras demandadas por los indígenas", dijo el abogado del CIPCA.Recordó que hubo mucha tensión en las comunidades mientras sucedía este proceso. Para que la paz retorne a las comunidades, los indígenas decidieron permitir las demandas de los empresarios, pero exigieron al Gobierno una demanda de compensación por las tierras que se iban a perder."Pero los pueblos originarios temen que se esté a punto de aprobar un Decreto en beneficio de barraqueros, desconociendo los derechos indígenas a Tierras Comunitarias de Origen. Esta situación no es beneficiosa para las antiguas demandas indígenas, pues no contemplaría la compensación de los indígenas y se alterarían las demandas de tierras que exigen los pueblos originarios", explicó el abogado.MOVILIZACIíN.Ante esta situación, los pueblos originarios están en alerta, a la espera de que se confirme el posible decreto que retoca su demanda y estarían prestos a movilizarse para exigir su revocatoria, advirtió el líder indígena Fanor Amapo, presidente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO).Por su parte, los campesinos de las dos federaciones de Pando (departamental y regional) han manifestado su preocupación, puesto que no han visto en su totalidad los acuerdos de Cobija entre los representantes de los barraqueros, empresarios y del gobierno en el nuevo decreto sobre "Regular el Procedimiento de Saneamiento de Tierra en el Norte Amazónico".La normativa es necesaria, según el CIPCA, pero genera desconfianza, puesto que no establece un plan de emisión de resoluciones de dotación y titulación de comunidades campesinas para que se aplique en beneficio de los campesinos, por el contrario los barraqueros, con la norma consolidarían sus propiedades y concesiones.Los barraqueros son poseedores de hecho, de grandes extensiones de tierras para la recolección de castaña y aplican un sistema económico del pago a trabajadores zafreros de alimentos por trabajo. Para organizaciones sociales, el sistema barraquero es un sistema de semiesclavitud en el que los trabajadores se encuentran en condiciones infrahumanas, no cuenta con salario justo, seguros y beneficios sociales.Según los antecedentes, el conflicto surgió el año 1999, cuando los barraqueros consiguieron que la gestión presidida por el extinto presidente Hugo Banzer Suárez, firmara esa norma legal que convertía un total de 350 barracas entre 3.500.000 a 4.000.000 hectáreas, en concesiones forestales. //CQF//
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