La Paz, 2 de octubre (ANF). – El Gobierno convocó al diálogo para escuchar las demandas de las personas con discapacidad y acordar el pago del bono de Bs 1.000 al sector de los no videntes. Sin embargo, por conflictos en ese sector, la entrega del beneficio no se puede concretar.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Jorge Luis Vacaflor, resaltó la importancia de generar consensos para facilitar la entrega de los bonos.
“Como gobierno hemos propuesto facilitar un espacio de coordinación y consenso entre las organizaciones que representan a los discapacitados, para que puedan establecer propuestas lleguen a un acuerdo”, afirmó, Vacaflor.
El viceministro contó que la propuesta del bono de Bs 1.000 no es apoyada por uno de los sectores de las personas con discapacidad, que argumenta que existe una ley y un decreto supremo, que establecen con precisión cuál es el destino de los recursos económicos del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE).
Vacaflor explicó que sostuvo una reunión con la Federación de Nacional de Ciegos de Bolivia, Federación Comunitaria de Personas con Discapacidad y Deficiencias de La Paz y la Federación de las Personas con Discapacidad de Chuquisaca, con quienes se acordó la entrega del bono.
Pero, el jueves, llegaron notas de otras federaciones nacionales y departamentales rechazando la demanda de los no videntes.
El sector de los no videntes mantiene desde el lunes una movilización en la ciudad de La Paz exigiendo el pago de bono único de Bs 1.000 para sobrellevar la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.
Este sector pidió a las autoridades gubernamentales que para el pago de ese beneficio se utilicen los recursos económicos del FNSE que cuenta con Bs 40 millones. Sin embargo, las organizaciones que forman parte de este sector de la población boliviana se encuentran divididas.
Un grupo solicita el pago de un bono único de Bs1.000. con recursos y el otro asegura que esos dineros deben ser utilizados para generar proyectos y programas sostenibles.
El director General de Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia, Jaime Ricardo Maldonado, aclaró que “las cartas que hicieron llegar las federaciones nacionales, departamentales y locales (de personas con discapacidad) tienen el tenor de que los recursos del fondo no se deben tocar, pues son capital que debe ir para inversión en programas a futuro y que no sea solamente en un bono que se va a gastar en dos meses”.
Detalló que de los Bs 40 millones del FNSE, 15 millones son destinados para el seguro anual para los discapacitados, los restantes 25 millones son para proyectos y programas en beneficio del sector.
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