La Paz, 16 de abril (ANF).- Es considerado uno de los mayores desastres ecológicos de los últimos años. El fuego consumió casi cuatro millones de hectáreas en la región de la Chiquitanía y, a más de cinco meses, no se han revelado las causas de este incendio y aún no hay responsables; sin embargo, existen imágenes que constatan que mientras el fuego persistía ya se registraban intenciones de implementar actividades agrícolas en esa región con el uso de urea.
“Durante el incendio, inmediatamente hubo empresas que tenían preparado su plan y metieron maquinaria, incluso para arrinconar los palos quemados. Y alistaron todo para usar la urea, en un terreno que claramente no es apto para la agricultura”, detalla Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA).
Son fotografías que fueron tomadas el 8 de septiembre de 2019, tiempo en el que aún persistían los incendios en el sector de Santa Ana del municipio de Carmen Rivero Torres en la provincia German Busch y que corresponden a una gran propiedad de 55.000 hectáreas, de las cuales una parte fueron vendidas a menonitas.
Las imágenes muestran una gran extensión de tierra limpia y quemada y al borde del camino hay bolsas que de acuerdo a Crespo contienen urea, un fertilizante usado para la agricultura a gran escala. “Es claro que estos suelos (Chiquitanía) no son aptos para la agricultura y como no son aptos requieren del uso de urea necesariamente. Así que hablamos de una posible producción de soya”.
A inicios de agosto de 2019 comenzaron a registrarse incendios en regiones como la Amazonía y Chiquitanía, en una época en la que se realizan los denominados "chaqueos" (quemas controladas) en el país. Sin embargo, día a día el fuego se iba descontrolando y arrasaba miles de hectáreas a su paso. Los recursos económicos, técnicos y humanos fueron desbordados. En el afán de extinguir y controlar el fuego fallecieron bomberos.
La administración del expresidente Evo Morales se vio obligada a alquilar uno de los aviones de mayor costo, tecnología y capacidad en el mundo, el Boeing 747 Super Tanker, pero no fue suficiente y las semanas continuaron con el registro de más hectáreas destruidas.
Las lluvias y el trabajo conjunto de pobladores, voluntarios, bomberos y autoridades lograron apagar las llamas en los primeros días de octubre. Muchos apuntan, como una causa estructural de los incendios, a los decretos y leyes aprobadas durante la gestión del MAS, y que facilitaban y avalaban las quemas y los chaqueos “controlados” de tierras, para la ganadería y la agricultura.
Pese a los pedidos y demandas de su abrogación, el pasado gobierno y el actual de transición mantienen su vigencia; un nuevo periodo de quemas y chaqueos ya se aproxima.
Pero junto a las quemas está el asunto de la dotación de tierras y normas para la ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Para el activista Pablo Solón de no abrogarse este paquete de lo que se denominó “normas incendiarias”, es muy posible que en el país se registren nuevos incendios de la magnitud de los de la Chiquitanía y Amazonia, en los cuales se perdieron casi 6 millones de hectáreas.
En este escenario, diferentes colectivos y organizaciones piden la abrogación de estas normas y la investigación de las causas y personas que generaron tales incendios. Por ello se espera que pasada la emergencia de la pandemia, llegue al país una comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) para realizar una evaluación sobre el “ecocidio en la Chiquitania” y establecer opiniones para un posterior veredicto sobre quienes son responsables.
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