
La Paz, 16 de noviembre (ANF).- El 18 de noviembre termina
el plazo para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desaloje los
asentamientos ilegales que se establecieron el Territorio Indígena Multiétnico
(TIM) y el Territorio Indígena Chimán (TICH), del Bosque de Chimanes.
El pasado 22 de septiembre, la Subcentral del TIM del Bosque de Chimanes denunció ante el INRA el avasallamiento de interculturales (ganaderos, colonizadores y madereros) en su territorio en el Marco del Encuentro Extraordinario de Corregidores del TIM y posteriormente se procedió a la inspección ocular de las ex concesiones forestales declaradas como “tierra fiscal disponible”, mediante la Resolución Administrativa 0530/2010 y la Resolución Suprema 04656/2010.
“Según el Informe UD BN No. 545/2018 durante la actividad se constató la existencia de asentamientos ilegales y a su vez sugiere se proceda a ejecutar el respectivo desalojo”, informó la Responsable Regional del Centro EJIS y asesora jurídica, Fátima Monasterio.
Monasterio informó que la Dirección General de Administración de Tierras del INRA Nacional certificó –mediante Informe Técnico Legal 3918/2018- que no existe sobre el área correspondiente a las ex concesiones forestales, ninguna autorización de asentamiento a favor de personas individuales o colectivas por lo que cualquier ocupación de hecho es ilegal y pueden ser “sujetos al desalojo incluso con auxilio de la fuerza pública”.
El pasado 7 de noviembre se notificó a los asentados ilegalmente con la intimación para el desalojo, dándoles diez días calendario a partir de la notificación para que procedan a retirarse voluntariamente.
“En caso de negativa o incumplimiento en coordinación con la Policía Boliviana se procederá al lanzamiento de cuanta persona se encuentre asentada”, dice el documento según explicó Monasterio.
De esta manera la subcentral del TIM de los pueblos Mojeños,
Tsimane, Movima y Yuracaré se encuentran aguardando el desalojo para concretar
su esperada consolidación territorial y lograr la titulación de sus tierras.
Según los antecedentes, en los años ochenta empresarios con la venia del Estado Boliviano ingresaron a explotar los recursos forestales. Ante esta amenaza, las organizaciones del lugar decidieron emprender la histórica Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad” el 15 de agosto de 1990 junto a las comunidades de los ríos Isiboro, Sécure, el Ibiato y al menos 300 indígenas de tierras bajas.
Uno de las conquistas de aquella movilización fue la promulgación del D.S. 22611 que reconoce todo el Bosque de Chimanes como área indígena y en su interior establece los límites del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y el Territorio Indígena Chimán (TICH), además de el área de aprovechamiento forestal, donde siete empresas continuarían extrayendo madera por un lapso de 20 años (en 2011) que luego –según el art. 11 de la mencionada norma- debería pasar a formar parte integral de los territorios de los pueblos indígenas.
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