La Paz, 7 de mayo de 2026 (ANF).- Las políticas sociales impulsadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrentan crecientes cuestionamientos por parte de analistas y exautoridades, quienes advirtieron una brecha entre las promesas de campaña y las medidas aplicadas durante los primeros meses de gestión. La falta de una estrategia integral, las contradicciones económicas y la ausencia de resultados concretos son algunos de los principales puntos observados por expertos consultados por ANF.
El exministro de Gobierno Carlos Romero considera que las propuestas sociales del actual gobierno son “demasiado débiles” y carecen de una visión estructurada. A su juicio, iniciativas como el denominado “capitalismo para todos” permanecen en el terreno discursivo y no han logrado traducirse en políticas operativas claras.
Romero cuestionó que el Ejecutivo prometa alivios fiscales para pequeños emprendedores y, al mismo tiempo, plantee redistribuir el 50% de los recursos de coparticipación a las regiones. Según explicó, ambas medidas resultan contradictorias porque implican reducir la capacidad recaudatoria del Estado mientras se incrementan las obligaciones de redistribución.
El exministro también señaló que el contexto económico boliviano, marcado por una informalidad cercana al 85%, limita seriamente la posibilidad de generar empleo formal. En ese escenario, sostuvo que ni el Estado ni el sector privado tienen actualmente capacidad suficiente para absorber mano de obra bajo condiciones estables.
Respecto a la propuesta gubernamental de implementar un “salario universal” para las mujeres, el exministro de Evo Morales afirmó que la idea parte de una intención legítima de reconocer el trabajo doméstico, pero criticó la falta de precisión técnica y jurídica.
“El salario implica una relación laboral de dependencia”, observó al considerar que el planteamiento todavía carece de una estructura que permita aplicarlo de manera concreta.
Las observaciones sobre la falta de planificación también fueron compartidas por el docente universitario y analista económico Rolando Morales, quien describió la gestión de Rodrigo Paz como un gobierno basado en “declaraciones de intenciones”.
Morales cuestionó particularmente la intención de regionalizar los currículos escolares. En su criterio, fragmentar los contenidos educativos por departamentos podría generar dificultades para los estudiantes que migren entre regiones, obligándolos incluso a realizar procesos de validación académica.
También observó inconsistencias en el manejo de conflictos sociales. Señaló que el gobierno aceptó demandas del sector transporte —como mejoras viales, combustibles de mejor calidad y reembolsos económicos— sin establecer plazos concretos de cumplimiento. Para Morales, esto refleja una dinámica de promesas difíciles de ejecutar en el corto plazo.
Por su parte, el politólogo Marcelo Arequipa afirmó que las políticas sociales del gobierno atraviesan una situación crítica debido a la crisis económica estructural del país y a la falta de un horizonte político claro.
Arequipa sostuvo que la administración de Rodrigo Paz ha concentrado buena parte de su discurso en confrontar al pasado, sin construir un relato convincente sobre el futuro. A su juicio, el Ejecutivo no ha logrado transmitir mensajes claros ni instalar una narrativa sólida frente a las distintas crisis emergentes.
También cuestionó la estrategia comunicacional gubernamental, que —según dijo— prioriza la imagen presidencial antes que una comunicación integral de gobierno. Esto habría dificultado la generación de confianza en la ciudadanía.
Otro de los aspectos señalados por el politólogo es la base social que el gobierno busca consolidar. Según Arequipa, la actual administración ha privilegiado su relación con sectores empresariales y clases medias urbanas, particularmente en La Paz, dejando de lado a sectores populares que terminan asumiendo con mayor fuerza el impacto de la crisis económica.
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