Examen gratuito de ADN requiere de trámite judicial

La Paz, 15 NOV. (ANF).- El examen gratuito del ADN (del Ácido Desoxirribonucleico), necesario para determinar la paternidad o el origen genético de una persona, depende de un largo trámite judicial ante las autoridades competentes, según la aclaración de
los expertos.
“Una madre puede solicitar los estudios gratuitos de ADN que proporcionan el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), siempre y cuando exista anticipadamente un requerimiento judicial por parte de la víctima ante las autoridades competentes seguido de un
trámite judicial”, dijo la jurista especializada en derecho penal, María Teresa Montaño.
En Bolivia se encuentra en vigencia la Ley 3934, que garantiza la gratuidad de las pruebas de ADN, destinadas a certificar la paternidad y también a potenciales agresores sexuales.
Antes de ser promulgada esta norma, el IDIF recibía entre tres y cuatro solicitudes para estos exámenes que generalmente quedaban inconclusos porque tenían un costo que oscilaba entre los 800 bolivianos y los 300 dólares americanos; pero a partir de la normativa, en estos últimos 10 meses, la instancia recibe entre 10 y 15 solicitudes cada día, habiendo sido atendidas 138 solicitudes de estudios para casos de paternidad.
Hasta antes de ser promulgada la ley, en Bolivia las empresas importadoras de insumos para laboratorio tenían el monopolio sobre los kits para realizar esta prueba, por lo que especulaban con los precios. En una comparación, un kit de ADN para 200 determinaciones en Estados Unidos tenía un costo de 800 y 900 dólares, mientras que en el país, los mismos insumos los comercializaban a $us 5.500, lo que equivalía a seis kits, es decir 1200 pruebas.
La negativa del varón para reconocer la paternidad de un infante ocasiona una
larga cadena de niños, jóvenes y adolescentes que son registrados en registro civil con un solo apellido. En este sentido, Montaño esclarece que si el supuesto padre pone resistencia para la realización de esta prueba, el juez inmediatamente puede calificar su actitud como Desobediencia Judicial.
“En caso de que esto sucediera
es posible efectuar un proceso penal e incluso el Juez dicta de forma automática el reconocimiento del recién nacido”, dice Montaño.

En este mismo marco, la jurista aclaró que la Nueva Constitución Política del Estado, da la potestad a una madre para registrar a su hijo con el apellido del padre aunque éste se oponga.
A escala mundial, se practica esta prueba gratuita en países como Estados Unidos, España, México, Chile, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Perú y otros y en términos generales el acceso a este estudio ha disminuido el índice de abortos en un 27 y 30 por ciento.
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