La Paz, 17 de noviembre de 2022 (ANF).- Torturas, siembra de pruebas y detenciones arbitrarias constituyen una constante en el actuar de la policía frente a manifestaciones sociales y casos particulares. La vulneración de derechos humanos ocurre con la aquiescencia del Estado y es por eso que hasta la fecha ningún funcionario policial fue procesado por este delito, señalan dos activistas.
“La formación de la policía es la de reprimir y los actos de abusos que se han visto no solo en esta gestión, sino en las anteriores, muestran que el policía está formado primero para golpear no tanto para dialogar, y creo que lo ha asumido tan así que cualquier movilización social que hay ya es pretexto para que ellos puedan desestresarse de tanta pasividad, y en acción hacen todo lo que no deben hacer”, señaló a ANF el activista de derechos humanos de la ciudad de El Alto, David Inca Apaza.
Remarcó que el uso de químicos e implementos que se les provee a los efectivos es para defender a la víctima, no para agredir a una movilización, entonces “yo creo que aquí lamentablemente se ha institucionalizado el tema del uso y abuso del poder”.
En Bolivia la tortura no tiene castigo. Desde 2013 más de mil casos fueron denunciados y ninguno llegó a sentencia. ANF lo evidenció en el reportaje
“El Paraíso de los torturadores”. Son varios los factores que confluyen para que policías, militares y funcionarios públicos civiles apliquen la tortura o la permitan, sin temor a ser sancionados.
La presidenta de la organización Pro Derechos Humanos, Nadeshda Guevara, señaló que la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes son parte de “una conducta ya consecuente y constante de la institución policial” que se ha podido evidenciar el año 2019, en la crisis política, y que se ha ido extendiendo a partir de la crisis en la justicia con aprehensiones arbitrarias y detenciones ilegales sin elementos de convicción ni pruebas que vayan a justificar incluso las imputaciones. Ve complicidad del Estado en estos delitos.
“Nosotros hemos podido identificar evidentemente tratos crueles y también una aquiescencia del Estado a partir de la institución policial que ha estado presente en estas últimas acciones (en Santa Cruz), esta aquiescencia obviamente provoca niveles de violencia que se van dando también entre las partes en conflicto”, dijo a ANF.
Inca agregó que pese a las evidentes vulneraciones que comete la policía, la administración política justifica esta situación y la defiende con declaraciones como “la policía es respetuosa de la ley”. Dijo que esto siempre ocurrió en el marco de un acuerdo mutuo de “defenderse ante las críticas y censuras”. “Difícilmente se van a denunciar mutuamente, esto es ya característico de todos los gobiernos, de todos los ministros, es decir, si uno se excede el otro sale a defenderlo, entonces es un matrimonio que tiende a colaborarse”. La misma conducta tiene el Ministerio Público de esconder el delito por la “alianza perversa” que tiene con la policía, como denunció el Instituto de Investigación de la Tortura (ITEI).
Represión policial en Santa Cruz. Foto: Unitel
Guevara afirmó que pese a las recomendaciones que le hacen al Estado boliviano diferentes organismos internacionales que trabajan contra la tortura, esta situación en el país no ha cambiado, y la esencia de la institución policial sigue siendo la misma, no se ha transformado, “no se están ejecutando o implementando los protocolos internos que ha ratificado Bolivia en convenciones internacionales sobre la prevención de la tortura”.
Tenemos una institución policial que “todavía desconoce no solamente el protocolo facultativo contra la tortura, sino todas las convenciones que ha ratificado Bolivia en torno a evitar este delito de lesa humanidad”.
En Santa Cruz las denuncias dan cuenta de que la policía sometió a manifestantes con el uso desproporcionado de la fuerza, con el uso excesivo de gases lacrimógenos que terminaron incluso siendo utilizados de forma directa contra los detenidos, a quienes se les aplicó gas químico directo a los ojos, en la garganta, golpes de culata en las cabezas, patadas estando reducidos en el piso, siembra de pruebas y hasta provocarles mordeduras con perros policías.
Para Inca, cambiar esta conducta policial es un tema de largo aliento, pero que debe hacerlo de forma prioritaria el Ministerio de Gobierno. Indicó que el cambio debe iniciar en las escuelas de formación policial, en los cursos de capacitación y formación, para que lo que aprendan en la academia sobre derechos humanos, no solo lo memoricen, sino lo lleven a la práctica.
Refirió que esta conducta policial es tan aguda que llega al nivel de que los efectivos incluso vuelcan su agresividad hasta en la familia, con amenazas y agresiones a sus esposas e hijos, que “la institución Policial encubre esos hechos y si no hay una denuncia formal ante la fiscalía o ante la famosa Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) no pueden hacer nada, entonces es un círculo vicioso”.
Guevara coincidió en que un cambio en las mallas curriculares de la policía y las instituciones militares puede coadyuvar en un proceso de erradicación de la tortura. Evidenció que la formación misma en estos organismos resalta el uso de la fuerza como una virtud, donde quien hace sufrir más al otro, quien impone la fuerza tiene más rango o más respeto, y eso se observa todos los días, por ejemplo, en los centros penitenciarios, dijo.
Agregó que no habrá un cambio efectivo en la conducta de quienes utilizan la tortura mientras no haya una modificación al artículo 165 del Código Penal donde actualmente se tipifica el delito de tortura con penas muy bajas.
Indicó que desde la sociedad civil presentaron muchos proyectos de ley para modificar la tipificación de la tortura y se ajuste a la normativa internacional. Pese a que hace más de 20 años los mismos organismos internacionales sugirieron al Estado boliviano hacer los cambios, la tipificación se mantiene.
“Este es un delito de lesa humanidad, o sea que la impunidad es un elemento preciso para que se sigan cometiendo actos de tortura”, apuntó.
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