“El 26 de septiembre se leerá la sentencia en su integridad. Fueron 11 horas de audiencia y seis años de juicio, todo este tiempo fue muy difícil demostrar lo que mi defendida Noemi Cámara denunciaba (…) Jaime Mendoza Cabrera extrabajador del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz coadyuvaba con la emisión de las licencias de funcionamiento; Miguel Ángel Nina (exchófer de la Guardia Municipal) alertaba al administrador de 'Katanas' para que las jovencitas sean ocultadas en las paredes falsas de este lugar”, indicó la abogada Paola Barriga en contacto con la ANF.
La denuncia fue planteada por Noemi Cámara el año 2016, en contra de su padre, por la internación a Bolivia de jovencitas de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, quienes eran víctimas de maltratos, torturas y violaciones.
El club nocturno Katanas fue demolido por orden judicial, antes se realizó la inspección ocular donde los fiscales encontraron pasillos oscuros sin salidas y paredes falsas donde las mujeres eran introducidas a escondidas. Estos espacios estaban entre las piezas de las jóvenes por este hecho se tipificó el delito de trata y tráfico.
Durante la etapa investigativa se estableció que Marco Cámara era propietario de otros cuatro centros nocturnos en La Paz y Santa Cruz donde se realizaron allanamientos.
En el juicio oral se mostró al Tribunal Séptimo de Sentencia alrededor de 52 pruebas que fueron contundentes, entre las más relevantes están las 300 cédulas de identidad, pasaportes de jovencitas que fueron secuestradas por la red de tratantes que tenía Marco Cámara, además de llamadas telefónicas y las declaraciones desgarradoras de las víctimas en cámara Gesell.
La abogada detalló que el coronel Freddy Sergio Beyer responsable de la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio (Upacom) reveló que fue cómplice de haber sido parte de la red de Marco Cámara porque las jóvenes pasaban de los puestos fronterizos de manera ilegal.
Acotó que había informes de que el efectivo policial continuaba cumpliendo funciones como gobernador del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, esperan que una vez que se dicte la sentencia cumpla los 12 años de prisión en el penal de San Pedro.
En el caso de Marco Cámara, quien debe cumplir una pena de 15 años, se contabiliza la privación de libertad desde el día que fue detenido preventivamente, es decir, que le resta nueve años de prisión por cumplir. Según la jurista al tratarse de un delito de lesa humanidad como es la trata y tráfico de personas no podrá beneficiarse con ningún otro procedimiento.
En julio de 2020 los policías Jacinto F. y Freddy A. contratados como guardias de seguridad por Marco Cámara se sometieron a proceso abreviado y fueron sentenciados a siete años de prisión por el delito de trata y tráfico en grado de complicidad. Los mismos debían cumplir su pena en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
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