La Paz, 25 de marzo (ANF).- La deficiente formación de los abogados incide en agravar la crisis de la administración de justicia en Bolivia y no hay universidad que se salve, señaló el abogado y docente universitario Jorge Quiroz, quien aseguró que existe en el pensamiento de la gente y de los defensores que “la justicia se tiene que comprar”.
La abogada Silvia Salame refirió a ANF que la crisis del sistema judicial pasa por todo, desde las altas autoridades de las cortes hasta la formación en la facultad, por lo que para afrontar esta crisis “hay que tocar todo porque es un problema estructural”.
Quiroz indicó que esto, en parte, es producto de una pobreza educativa, debido a que muchas universidades conservan docentes por favores políticos y cuestiones nada académicas.
Mientras que la abogada Salame, en su experiencia como docente en Sucre, advierte que la facultad de Derecho está cada vez más venida a menos, donde no hay institucionalización de los docentes y hay docentes que son todólogos.
“Yo no sé cómo pueden ser tan inteligentes que dan todas las materias, yo apenas podía dar una o dos; luego hay también el problema de que al no haber exámenes de competencia prácticamente la universidad se ha convertido en un reducto de amistades, entonces si uno no está en el grupo tampoco puede acceder a la docencia, entonces los abogados cada día salen con una formación más deficiente”, apuntó.
Quiroz destacó que también hay docentes por convicción, “que son muy buenos y que merecen el respeto de las generaciones formadas por ellos”.
Otro factor que afecta la administración de justicia es la falta de interés del profesional abogado en especializarse. “Hay que rogarles que hagan un diplomado, hay que rogarles que hagan una maestría, y con honrosas excepciones estos cursos de posgrado son buenos”.
Dijo que, frente a esa carencia formativa de los abogados, “definitivamente no podemos pedir milagros, y son muy pocos los abogados que asumen con verdadero interés su formación en el pregrado y después en el posgrado”.
La directora general del Registro Público de Abogados (RPA), Elizabeth Flores, informó a ANF que la entidad tiene registrados a 84.011 abogados hasta la fecha. Viabilizó casi 700 de denuncias del mal trabajo de los juristas, de las cuales un 80% fueron atendidas. El 95% de ese porcentaje tiene que ver por el pago de honorarios anticipados y el incumplimiento del patrocinio por parte de los abogados.
Como resultado de esta formación, Quiroz identificó a dos tipos de abogados litigantes: Los defensores de oficio y los contratados. Señala que para ingresar a la Defensa Pública los juristas deben demostrar que están comprometidos con el gobierno de turno. Indicó que estos abogados por lo general son jóvenes y se les escucha decir: “vamos a ser defensores de oficio, porque echando a perder se aprende”.
“Eso definitivamente no puede ser una realidad en este mundo tan injusto y de tantas desigualdades, en donde las personas lo que quieren es realmente profesionales idóneos y no profesionales que vayan a hacer la prueba en sus casos”, dijo en entrevista con ANF.
En el caso de los abogados que son contratados, admitió “muchas veces ofrecemos humo (falsas esperanzas)”. “Les decimos (a los clientes) ‘esto es lo que voy a hacer’, y cuando ya la vemos difícil le decimos a la supuesta víctima que la otra parte debió de haber pagado al fiscal o debió haber pagado al juez, o sea tenemos dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestro pensamiento, que la justicia se tiene que comprar”.
Y, por otro lado, agregó, si se trata del acusado, “lo que se le plantea es ‘vamos al procedimiento abreviado’ porque es lo más fácil, y qué es lo que estamos haciendo, haciéndole reconocer el delito cuando de repente el cliente no ha cometido ese delito, pero por verse liberado del problema y por ver que le pueden dar unos 3 años sin derecho a ser encarcelado, acepta ir a este procedimiento abreviado”.
La directora del RPA explicó que dentro de la Ley de Abogacía está determinado el régimen disciplinario para abogados, lo que significa que se les puede seguir procesos disciplinarios por infracciones a la ética y demás. De acuerdo a la Ley, las infracciones están divididas en leves, graves y gravísimas, con sus correspondientes sanciones.
Los tribunales para juzgar a los abogados infractores son dos: Los tribunales de honor, dependientes de los colegios departamentales de abogados; y, los tribunales de ética de la abogacía, dependientes del Ministerio de Justicia.
En 2021 el Ministerio de Justicia conformó los tribunales de ética de la abogacía en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que tienen competencia para conocer y resolver causas contra abogados a nivel nacional.
Flores indicó que la mayoría de las denuncias que se ven es porque los abogados realizan un mal patrocinio o simplemente abandonan el proceso y a las partes. “Yo me animaría a decir que el 90 al 95% de denuncias contra abogados es por el pago de honorarios anticipados y el incumplimiento del patrocinio”.
Por las faltas cometidas se ha llegado incluso a suspender el ejercicio de la abogacía momentáneamente a varios abogados, señaló Flores. “Tenemos suspensiones de un año y dos años a abogados que ya están con resolución ejecutoriada, hay sanciones con montos de salarios mínimos nacionales como establece la ley”.
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