La Paz, 23 de mayo (ANF).- Sanciones disciplinarias sin ejecución, notificaciones fuera de tiempo, retraso en las investigaciones, son algunas de las irregularidades que comete el Consejo de la Magistratura y que favorecen la impunidad de los jueces infractores que llevan casos de feminicidios, de acuerdo a las conclusiones a las que arribó la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre casos de feminicidios realizado en la legislatura 2020-2021.
“La falta de notificación oportuna con las sanciones disciplinarias a los jueces ha generado que existan sanciones disciplinarias sin ejecución, haciendo que los procesos disciplinarios sean minimizados y que prescriban quedando en la impunidad el actuar de jueces, secretarias y servidores de apoyo judicial”, se lee en una de las conclusiones de la Comisión.
El Consejo de la Magistratura es la instancia encargada del régimen disciplinario y de control y fiscalización, sin injerencia en las funciones de juzgamiento de las autoridades judiciales.
Pese a tener la facultad de identificar indicios de responsabilidad en contra de los jueces vocales y servidores de apoyo judicial en procesos judiciales de feminicidios, el Consejo de la Magistratura la incumple y opaca su visión de “ser un referente positivo de la gestión judicial”.
La Comisión agrega que el Consejo de la Magistratura “no ha designado jueces disciplinarios en la representación distrital, generando la mora en la investigación y quedando en impunidad las denuncias presentadas contra jueces y personal de apoyo jurisdiccional, no existiendo sanción de autoridades judiciales”.
La Comisión recibió, estando vigente, más de 7 denuncias en contra de un juzgador de la ciudad de La Paz, por irregularidades en la resolución de casos de violencia contra la mujer, lo que origina “la pérdida de credibilidad institucional del Órgano Judicial”.
La Comisión identificó “50 casos para iniciar procesos disciplinarios” en contra de servidores judiciales en los nueve departamentos y las remitió al Consejo de la Magistratura, pero “a lo largo de la vigencia de la Comisión no se ha evidenciado el avance de las investigaciones disciplinarias, generando constantes dudas sobre la eficacia del control y del régimen disciplinario”.
La Comisión evidenció en casos de feminicidios retardación de justicia, disminución institucional y reducida capacidad para realizar el control y fiscalización, lo que muestra como consecuencia que de 992 casos de asesinato de mujeres en 8 años solo exista 20% de sentencias.
La representante de Familias de Víctimas en busca de Justicia Bolivia, Estela Quintana, lamentó que no se cumplan las sanciones contra las autoridades judiciales. Dijo que como organización denunciaron a varios jueces, fiscales e investigadores y no se conoce que se haya llevado algún proceso en contra de estos funcionarios.
“Nosotras hemos presentado las denuncias y no sabemos qué pasó con estos casos, si están cumpliendo alguna detención o qué, porque yo personalmente paso por la fiscalía y sigo viendo las mismas caras de siempre, paso por los juzgados y seguimos encontrándonos con los mismos funcionarios”, dijo a ANF.
Cuestionó la efectividad de las Comisiones -ya son tres- para viabilizar las sanciones a los jueces corruptos e identificó toda una red de funcionarios, desde el investigador policial hasta el juez, que mediante maniobras jurídicas terminan beneficiando a los procesados por feminicidio.
“Nosotros hemos presentado con el número de caso, en qué momento estas personas han actuado, en qué momento han obstaculizado el derecho al debido proceso de las familias, pero no tenemos ninguna respuesta hasta el día de hoy, incluso son jueces renombrados que están llevando cinco casos de feminicidio y que han actuado de la misma manera en los cinco casos con el tema de impunidad y protegiendo a los asesinos”, apuntó.
Criticó la falta de transparencia de las comisiones que prácticamente “repiten los mismos informes y de forma errada” y no dan a conocer las conclusiones a las familias afectadas.
De acuerdo a los datos acopiados por la Comisión, existen 4.884 causas disciplinarias investigadas por faltas leves, graves y gravísimas, de las cuales 2.667 tuvieron resoluciones, sin embargo “se ha identificado casos en los que no ha existido conminatorias para el cumplimiento de plazos procesales y como también demora en la remisión de expedientes para la resolución de apelaciones, casaciones a juzgados de sentencia y tribunales de sentencia una vez presentado la acusación”.
La Comisión considera que la poca difusión de las atribuciones de las representaciones distritales del Consejo de la Magistratura, en el control de las funciones judiciales para el cumplimiento de plazos, “genera que muchas personas particulares no conozcan de las funciones de control que desarrollan”.
También existe falta de celeridad y personal capacitado en la sustanciación de las Auditorías Jurídicas, lo que impide identificar y establecer el incumplimiento de plazos procesales y la interpretación discrecional y arbitraria de la norma que provoca que exista retardación de justicia.
Además, la Comisión constató el cobro innecesario a las víctimas por la emisión de certificado de antecedentes penales con requerimiento fiscal, lo que contraviene el principio de gratuidad.
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