La Paz, 6 de marzo de 2025 (ANF). - El Ministerio Público emitió el miércoles una resolución de sobreseimiento a favor del empresario Harold Lora por el caso de enriquecimiento ilícito, bajo el argumento de que las pruebas colectadas son insuficientes para presentar una acusación.
“Resuelve y decreta el sobreseimiento a favor de Harold Alberto Lora Seoane, Hugo Lora Caballero y Nicole Andrea Alegría Eiffel por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado en el art. 185 bis del Código Penal, por cuanto los elementos de prueba que se han acumulado durante la etapa preparatoria resultan insuficientes para fundar una acusación en su contra”, dice el documento que publicó Cadena A.
En mayo de 2024, el empresario paceño fue enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz, a raíz de la denuncia que presentó una de las víctimas al que no le entregaron el departamento en el edifico Loritas X que adquirió del sindicado. Posteriormente se abrieron otros procesos contra Lora.
La resolución fue emitida el 5 de marzo de la presente gestión y está firmada por la fiscal Ingrid Feraudi, quien en junio de 2024 presentó una imputación contra el empresario y otros implicados.
A la vez, el documento señala que también se absolvió al padre del empresario, Hugo Lora Caballero,y a Nicole Andrea Alegría Eiffel
De acuerdo con la investigación, el padre del empresario, Hugo Lora, le dejó al menos seis inmuebles, pero la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) observó los movimientos bancarios que realizó el sindicado.
Anteriormente, el exfiscal departamental de La Paz, William Alave, indicó que Lora enfrentaba tres procesos. El primero fue interpuesto por Magne Zelaya y se presentó una imputación por el delito de estafa, Lora se acogió al derecho al silencio.
El segundo proceso también es por estafa, pero con la salvedad de que existen víctimas múltiples y se refiere al proyecto de la zona Sur Loritas X en el que se vendieron departamentos, pero no se los entregó.
El tercer proceso fue interpuesto por el Viceministerio de Transparencia a raíz de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
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