La Paz, 2 de mayo de 2023 (ANF). - El gobernador de Santa
Cruz, Luis Fernando Camacho fue imputado por 22 delitos en los procesos golpe de
Estado I, 36 días de paro en la capital cruceña, carro bombero, decretazo y por
un caso de presunta violación, este último hecho ocurrió hace más de 30 años.
Al respecto, el abogado de la autoridad, Christopher Balcázar, afirmó a la ANF que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) intenta eliminar a sus adversarios políticos con procesos penales inventados y que no tiene ningún sustento legal.
“Está el caso golpe I, por los 36 días de paro, el caso decretazo, el carro bombero, la denuncia hecha por una persona particular que lo acusa por hechos que pasa por una supuesta violación que pasó hace más de 30 años. Esa es la bajeza de este Gobierno y del MAS que tiene la intensión de anular al gobernador, porque sabe que es su principal rival para las elecciones 2025”, dijo el jurista.
Hace seis días, el juez primero Anticorrupción y de Violencia, Helmer Laura, amplió la detención preventiva del gobernador cruceño por cuatro meses más, en el denominado caso golpe de Estado I.
Los casos
En el caso golpe I, Camacho fue imputado por terrorismo, sedición y conspiración, pero estos dos últimos fueron retirados en agosto de 2022 luego que, en marzo de ese año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico ambos tipos penales.
Posteriormente, la Fiscalía decidió ampliar la investigación contra el gobernador por los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de servicios públicos
Camacho fue detenido el 28 de diciembre de 2022 en la ciudad de Santa Cruz, con un fuerte contingente policial fue traslado a la paz para su audiencia cautelar. Posteriormente, le juez determinó su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
A pocas semanas de estar en la cárcel de Chonchocoro, Camacho fue notificado con una nueva denuncia por el delito de violación, a denuncia de un hombre, quien lo acusó de haber cometido este delito hace 35 años, cuando la presunta víctima tenía cinco años.
El 8 de marzo, la Fiscalía de Santa Cruz presentó una imputación contra la autoridad departamental, por el caso ‘decretazo’, el caso data del 9 de marzo de 2022, cuando la primera autoridad departamental firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no así al vicegobernador Mario Aguilera.
En este proceso el Ministerio Público pidió la detención preventiva de la autoridad cruceña por 180 días, en la cárcel de Palmasola. Hasta el momento está pendiente a que se lleve a cabo la audiencia cautelar.
La cuarta imputación se presentó el 6 de abril por la supuesta compra irregular de un carro bombero, la denuncia es por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Este proceso fue interpuesto por el diputado del MAS Rolando Cuéllar.
El juez Primo Flores intentó llevar adelante una audiencia cautelar con un pedido de seis meses de prisión preventiva, pero se postergó hasta mayo, pero será con otra autoridad judicial porque Flores fue recusado por la defensa.
Al respecto, el abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho que en todas estas demandas existe un común denominador, todos fueron a denuncia de dirigentes o parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El quinto proceso es por el paro de 36 días entre octubre y noviembre del 2022 en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda. El viernes, el juez anticorrupción Helmer Laura ordenó la detención preventiva por seis meses.
Fue imputado por los delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desordenes o perturbaciones públicas.
En ese sentido, Balcázar cuestionó la decisión judicial y la calificó de ridícula, porque en la audiencia el ministerio público no demostró la participación del gobernador, lo que lanza por tierra cualquier vinculación con los delitos mencionados.
“Ese es un proceso armado en contra del gobernador, en la audiencia no se pudo certificar la participación de la autoridad departamental. Sin embargo, eso no fue tomado en cuenta por el juez y se dictó una segunda detención preventiva”, explicó.
Otras denuncias
En septiembre de 2021, Camacho fue denunciado por racismo y ultraje a símbolos patrios luego que supuestamente ordenó retirar la whiphala de la iza de banderas en el aniversario de Santa Cruz que se celebra el 24 de septiembre. La denunciante de ese caso fue la diputada Estefanía Morales del MAS.
Luego, el 14 de noviembre de 2022, el exdiputado Aldo Michel presentó una denuncia en contra por los delitos de incitación a delinquir, organización de grupos paramilitares, daño a propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas, conspiración por los 36 días de paro. Al momento se desconoce la situación de este proceso.
El 27 de ese mes, el diputado Rolando Cuellar presentó una demanda por el delito de sedición por la convocatoria al paro indefinido. Sin embargo, ese delito ya no existe en el Código Penal porque fue eliminado por el TCP.
El 28 de noviembre de este año, se informó de la denuncia que presentaron los concejales cruceños Rosario Callejas y Rolando Pacheco que acusaron a Camacho de las agresiones y saqueos en los mercados del Plan 3000 y Villa 1 de Mayo.
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