La Paz, 5 de noviembre (ANF).- Al menos cuatro abogados del Ministerio de Gobierno fueron despedidos de sus cargos, porque no habrían encontrado elementos suficientes para procesar legalmente a los líderes cívicos que actualmente están movilizados en defensa de la democracia, señalaron a ANF fuentes vinculadas a esa Cartera de Estado.
Desde que estalló el conflicto, el 21 de octubre, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y a los líderes cívicos por los hechos de violencia que se registraron en los diferentes departamentos del país.
Por esos actos violentos se habría pretendido iniciar procesos legales, sin embargo, los abogados del área jurídica del Ministerio de Gobierno, se habrían negado porque no existían suficientes elementos y garantías para activar las acciones legales, según varias fuentes a las que tuvo acceso ANF y que por seguridad prefirieron mantener sus identidades en reserva.
Contaron que esta fue la principal y sorpresiva causa de la desvinculación de los juristas, quienes para materializar su alejamiento entregaron sus oficinas y la documentación que manejaron a lo largo del ejercicio de sus funciones.
Una de las fuentes dijo a este medio de comunicación que se conoce que los abogados fueron apartados de manera “directa”, porque “no abrieron procesos (penales) en contra de los cívicos” que están movilizados hace 15 días. Otra fuente refirió que el alejamiento efectivamente "es por eso, porque no había garantías” y por otros aspectos más.
Según documentos jurídicos de esta gestión, los abogados del Ministerio de Gobierno que están registrados son: Filemón Sandoval, Antonio Saavedra, José Duchen Bustillos, Álvaro Guzmán Valda, Bismar Gutiérrez, Vicente Ávalos, Estefanía Koch, Francia Celia Mamani, María Arce, Rossy Vidal y Fedora Zelada.
Los abogados desvinculados serían Guzmán, Saavedra, Duchen y una jurista más.
Este medio de comunicación intentó comunicarse con estos abogados que tenían a su cargo varios procesos penales de relevancia como los casos Franclin Gutiérrez, Rodolfo Illanes, UPEA, entre otros, pero no contestaron a sus teléfonos celulares.
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