La Paz, 16 de septiembre de 2022 (ANF).- Los diputados Renán Cabezas (MAS) y Alejandro Reyes (CC), por separado, cuestionaron que ante las denuncias de tortura en Bolivia, estos se mantengan impunes porque existe una “estrategia mafiosa” que usan algunos policías.
“Muchos de los policías tienen una estrategia mafiosa y es una estrategia donde se vulneran derechos fundamentales, una serie de torturas”, declaró el diputado del Movimiento al Socialismo, Renán Cabezas, al referirse a la “naturalización” de la tortura.
El reportaje de ANF: El paraíso de los torturadores refleja que pesar de existir centenares de denuncias, ninguna ha llegado a sentencia, lo que demuestra la impunidad y el fomento a la tortura.
De enero de 2013 a mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo registró 1.033 denuncias de tortura, de las cuales el 72% es contra de la Policía, 12% contra las Fuerzas Armadas y el 4% contra Régimen Penitenciario y el Ministerio Público.
Cabezas manifiesta que la tortura es un delito que está penado de acuerdo a la Constitución y al Código Penal, sin embargo, reconoce que “falta aplicar que los fiscales y jueces cumplan la ley”.
Su colega de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes coincide en que en el país no se cumplen las leyes. “Normativas existen, pero no existe cumplimiento de la ley”, lo que genera un escenario de impunidad.
Dijo que no debería existir ni una denuncia de tortura y atribuyó a la falta de institucionalidad que ninguna denuncia llegue a una investigación seria con sanción.
“No prosperan por la falta de instituciones creíbles e independientes, falta de justicia en el país, es parte de la crisis institucional”, manifestó el Reyes a la ANF.
Lamentó que estas conductas de tortura, generalmente para obtener información o para inculpar a las personas, se estén normalizando, no obstante, están “penadas a nivel internacional por tratados internacionales de los que Bolivia es suscriptor.
En abril de este año se conoció que la Fiscalía General del Estado tramitó desde 2019 hasta abril de este año 110 denuncias por tortura. Ninguna llegó a sentencia.
El diputado Cabezas cree que se están vulnerando derechos, además de no cumplirse la norma, observó los nexos de la Policía con la Fiscalía y la Justicia.
Comprometió una investigación, anunció que solicitará una petición de informe a la Defensoría del Pueblo porque no prosperan los casos en los que se han identificado a policías y militares como los más denunciados.
Añadió que también “vamos a denunciar a jueces y fiscales que hubieran omitido sus funciones”, porque son los responsables de investigar y que estos casos no queden en la impunidad.
Reyes apuntó a recuperar la independencia e institucionalidad de la Defensoría del Pueblo como una de las principales entidades que deben velar por la vigencia y respeto de los derechos humanos.
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