La Paz, 7 de diciembre de 2022 (ANF).- La senadora de Creemos Centa Rek acusó al Gobierno de pretender tomar la Gobernación de Santa Cruz denigrando al gobernador, Luis Fernando Camacho, al sacar a la luz una denuncia en su contra de una supuesta violación que habría ocurrido hace 35 años.
“Quieren obtener el control total sobre la ciudad y no van a escatimar ningún recurso para ser detractores, para destruir, perseguir e intentar destruir la posibilidad de que la gobernación siga siendo la representación de una oposición al régimen del Gobierno del MAS”, afirmó la senadora a la ANF.
Este martes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sacó a la luz una denuncia en contra de Camacho. El hecho habría ocurrido en 1987, cuando la víctima tenía cinco años y Camacho 10 o 11 años. Denuncia que fue rechazada "tajantemente" por la autoridad, quien dijo que se trataría de una persecución política por el paro indefinido de 36 días.
La senadora argumentó que Camacho es la primera figura política del departamento y por eso quieren “denigrar” su imagen con estrategias soviéticas para que sea el blanco" de la persecución política.
“Es una estrategia cubana y soviética de denigrar a la persona, de desposeerlo de sus valores para así dejarlo solo para hacerlo más fácil del blanco de la persecución, es una estrategia que está plenamente consolidada en estos regímenes, es permanente la aplicación de este método”, señaló.
El Ministro de Gobierno luego de denunciar este hecho ofreció “ayuda” legal y jurídica a la supuesta víctima, lo que llamó la atención de la senadora porque a pesar de existir tantas víctimas de feminicidio y de infanticidio y el niño víctima del gas lacrimógeno, pero en estos casos no existe la solidaridad diligente de Del Castillo, protestó Rek.
“El Ministro de Gobierno es capaz de ofrecerle todo el aparato del Estado y eso lógicamente es muy evidente, existe una posición política y existe una acción política que está ligada, relacionada y que está intentando que esta situación prospere”, indicó.
La confirmación de la denuncia realizada por el Ministro de Gobierno fue cuestionada porque después de 35 años aparece una supuesta víctima, precisamente después del paro cívico de 36 días, medida que obligó al Gobierno a replantear las fechas del Censo de Población y Vivienda, la entrega de resultados, la redistribución de recursos y de escaños.
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