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La Paz, 12 de septiembre (ANF).- El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, denunció que la injerencia del Gobierno transitorio deja impune los hechos violentos suscitados hace 12 años en la ciudad de Sucre, con la orden de archivo del Caso 24 de Mayo realizado por la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
“Denunciamos que pudo más la presión e injerencia del Gobierno golpista sobre el Órgano Judicial, al dejar en la impunidad la humillación y vejación de campesinos en el caso 24 de mayo. La extinción del caso es un fallo político que denota la fragilidad del sistema judicial (SIC)”, publicó el legislador en su red social, cita la unidad de comunicación de la Cámara Alta..
El pasado jueves, el TSE de Chuquisaca ordenó el archivo del Caso 24 de mayo, tras conocer la excepción de extinción de la acción penal por prescripción interpuesto por cuatro de los acusados en el Caso, donde señalan que no habrían cometido delitos de lesa humanidad.
Asimismo, el senador Chambi hizo pública su opinión sobre el informe presentando recientemente por el Observatorio de Derechos Humanos de Naciones Unidas, (HRW por sus siglas en inglés), titulado “La justicia como arma, Persecución política en Bolivia”, documento de 53 páginas que analiza las acciones judiciales que realiza el Gobierno transitorio de forma específica contra el expresidente, Evo Morales, líderes sindicales y simpatizantes del MAS.
“El régimen de Jeanine Añez no respeta los derechos inherentes de todo ser humano y menos el derecho internacional. Human Rights afirmó a través de un informe que Evo Morales es víctima de la extrema judicialización y persecución al igual que autoridades y líderes sindicales (SIC)”, publicó en su red social la mañana de este sábado.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió a la Fiscalía boliviana “retirar los cargos de terrorismo” contra el expresidente Evo Morales por la organización de bloqueos de carretera contra la presidenta Áñez, en noviembre pasado.
HRW considera que estos cargos son “desproporcionados” porque únicamente se basan en la grabación de una llamada telefónica entre Evo Morales y un dirigente campesino en el que el primero –que ha negado ser el de la voz que se escucha—pide un bloqueo permanente y efectivo que impida la entrada de alimentos a los centros urbanos.
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