La Paz, 27 de noviembre de 2022 (ANF). - El Consejo Nacional
de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) y la Confederación Nacional de Gremiales
afines al Movimiento al Socialismo (MAS), se sumaron a las denuncias penales
contra los dirigentes cívicos de Santa Cruz por los conflictos que se generaron
en 36 días de paro indefinido por el censo.
“Desde la Confederación de Gremiales de Bolivia nos hemos adherido a la denuncia que ha presentado el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta. Nosotros consideramos que deben ser investigados y estamos pidiendo que la Fiscalía de curso a estas acciones”, informó a la ANF, el dirigente gremial Rodolfo Mancilla.
Mientras que el secretario ejecutivo del Conamaq, Ramiro Cucho, anunció que solicitarán al Ministerio Público la conformación de una comisión de fiscales para que investiguen a los cívicos por la vulneración de derechos y agresiones durante ese conflicto.
“Pedimos a las autoridades competentes la conformación de una comisión de fiscales para que puedan iniciar un proceso de investigación de la quema de las sedes de las organizaciones sociales, evaluar y cuantificar el daño económico porque hay responsables de ese daño”, señaló el dirigente.
Tras la quema de la sede de los campesinos en Santa Cruz, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (CSUTCB) Eber Rojas, presentó una denuncia penal en contra del gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.
El pasado 11 de noviembre, un grupo de personas ingresaron a la Federación Sindical Única de Trabajadores Apiaguaiki Tumpa, sacaron muebles, incendiaron el sitio e hicieron ondear una bandera cruceña.
El dirigente campesino adelantó que en los próximos días los sectores que integran el acto de unidad se reunirán para evaluar las consecuencias del paro, porque fueron los más afectados por los atentados que sufrieron atentados por parte de los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y otros que acataban el paro.
“Lamentamos que después de 36 días de paro, de saqueo, violencia, discriminación a los sectores sociales y daños cuantiosos en la economía de Santa Cruz, no se inicien los procesos correspondientes contra los autores. En los próximos días nos reuniremos para evaluar esta situación”, añadió.
No deben quedar impunes
En ese contexto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró que esos hechos no pueden quedar en la impunidad, tomando en cuenta las pérdidas económicas y humanas a causa de los 36 días de paro. Advirtió que las autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público están llamados por ley a asumir acciones.
“Las instancias llamadas por ley tienen que realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades. Queda claro que frente a delitos no debe existir impunidad”, insistió.
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