La Paz, 27 de mayo de 2025 (ANF).- Con el objetivo de enfrentar lo que califica como “una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas”, la Alianza Popular presentó el programa de gobierno del candidato Andrónico Rodríguez, senador del MAS, afín a Evo Morales hasta hace unos meses, quien aspira a la presidencia en las elecciones generales del próximo 17 de agosto.
En el diagnóstico inicial, el documento reconoce un escenario marcado por recesión, déficit fiscal superior al 12% del PIB, inflación en aumento, reservas internacionales en mínimos históricos y un riesgo país de 2.109 puntos básicos, el segundo más alto en la región.
El programa advierte que el modelo económico basado en hidrocarburos “se encuentra agotado”, ya que Bolivia importa la mayor parte del diésel y gasolina que consume, con una subvención mensual superior a los 224 millones de dólares.
Frente a esta situación, el plan de gobierno propone una “austeridad inteligente” como medida clave para recuperar la estabilidad fiscal, sin afectar derechos fundamentales de la población.
Esta política de austeridad, según el texto, no persigue fines neoliberales ni implica recortes sociales indiscriminados. En cambio, apunta a reducir privilegios, eliminar duplicidades burocráticas y racionalizar el gasto público.
Entre las medidas inmediatas destacan la revisión de los sueldos más altos del sector público, la fusión o eliminación de ministerios y embajadas con bajo impacto, y el congelamiento de nuevos ítems salvo en salud, educación y seguridad.
El programa también plantea una evaluación periódica del trabajo de los asambleístas nacionales, con la posibilidad de modificar sus salarios en función de su desempeño.
En cuanto a la inversión pública, se propone priorizar proyectos con alto retorno social y económico, y aplicar una cláusula de “componente nacional obligatorio” para fomentar la industria local.
Otro eje fundamental es la transformación del sistema de subsidios, sustituyendo los generalizados por otros focalizados hacia los sectores más vulnerables.
El control del crecimiento del gasto incluye una regla fiscal de emergencia que limite el gasto corriente mientras el déficit fiscal supere el 5% del PIB.
En materia cambiaria, el documento reconoce la presión sobre la moneda nacional y la existencia de un tipo de cambio paralelo, lo cual mina la confianza y afecta al sector productivo.
Para enfrentar este desafío, el plan plantea promover exportaciones con valor agregado, incentivar sectores no tradicionales y canalizar divisas al país mediante créditos productivos.
El Estado asumiría un rol más activo en sectores generadores de divisas como el turismo, la minería estratégica, el oro y la economía digital.
Entre las medidas más destacadas figura el desarrollo de una infraestructura nacional de pagos interoperables y el fomento del uso de tecnologías financieras (FinTech) bajo regulación estatal.
El programa también propone limitar la salida de divisas mediante la sustitución de importaciones, políticas arancelarias selectivas y una moratoria a la inversión pública con alto componente importado.
En el plano externo, se plantea abrir un proceso de renegociación de la deuda con los principales acreedores para obtener mejores plazos y condiciones.
El acceso a nuevos créditos, según el documento, deberá regirse por criterios de concesionalidad, con tasas bajas y fines estrictamente productivos.
El equipo de Rodríguez propone también una auditoría ciudadana permanente del endeudamiento, con participación de universidades y organismos de control.
Sobre la inflación, el programa advierte que su impacto más grave se da en los hogares de bajos ingresos, y por ello se plantea una estrategia de contención estructural de precios.
Esta estrategia incluye subsidios productivos focalizados, acuerdos con productores nacionales para fijar precios máximos solidarios y la organización de ferias del productor al consumidor.
Se prevé, además, la reactivación de mecanismos de control de precios y sanciones contra la especulación, el acaparamiento y el sobreprecio en sectores sensibles.
El abastecimiento del mercado interno será prioridad: la exportación de productos esenciales dependerá de que se garantice primero el consumo nacional.
En cuanto al endeudamiento, el programa advierte sobre los riesgos de su descontrol, y propone una estrategia de recomposición centrada en la sostenibilidad y la soberanía financiera.
Para ello, se plantea reconvertir deuda de corto a largo plazo, renegociar obligaciones externas y emitir bonos que liberen presión fiscal sin recurrir a endeudamiento de emergencia.
Cada nuevo crédito, enfatiza el documento, deberá demostrar su impacto positivo en la generación de divisas, empleo o infraestructura estratégica.
El programa también traza una ruta para un nuevo modelo económico, orientado al trabajo digno, la diversificación productiva y la innovación tecnológica.
Se proponen incentivos al empleo juvenil, a la formalización laboral y al emprendimiento, así como políticas específicas para elevar la participación económica femenina.
En el campo de la ciencia y tecnología, se prevé la creación de una política nacional con presupuesto fijo y autonomía técnica, además de incentivos a empresas innovadoras.
Finalmente, las grandes empresas estatales serán sometidas a auditorías, con miras a reestructurarlas, modernizarlas y vincularlas a nuevos sectores como la biotecnología o el litio con valor agregado.
“La estabilidad económica no será posible sin responsabilidad fiscal, ni soberanía sin transformación productiva”, concluye el documento, que busca posicionar a Andrónico Rodríguez como una alternativa reformista frente a la crisis.
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