La Paz, 14 de febrero de (ANF).- Presentan la primera denuncia para juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato al avalar la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
La proposición acusatoria fue planteada ante la presidencia de la Cámara de Diputados en contra de los exmagistrados: Macario Lahor Cortez, Osvaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Ruddy Flores, quienes firmaron la sentencia 084/2017.
El diputado Luis Felipe Dorado junto a su abogado presentó la demanda para que el caso se sustancie en las diferentes instancias legislativas hasta que definan que existen los suficientes indicios para el juzgamiento de las exautoridades.
El legislador dijo que existió un favorecimiento deliberado de los exmagistrados hacia el partido gobernante en el fallo 084/2017, en el que legalizaron la “reelección indefinida” de Morales y del resto de las autoridades electas.
“Estamos demandando por los delitos de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y prevaricato, esperemos que sea procesado de manera inmediata. Estos magistrados tienen que ser procesados por juicio de responsabilidad, porque los delitos que cometieron cuando eran servidores públicos”, declaró Dorado.
Las exautoridades dictaron un fallo en el que declararon inconstitucional artículos de la Ley de Régimen Electoral y por control de convencionalidad la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el artículo 168 de la Carta Magna.
En la interpretación de los exmagistrados las autoridades electas no pueden ser restringidas en su derecho de repostularse sin límites, como establece el artículo 168 de la Constitución que fijo cinco años de mandato para el presidente y vicepresidente pudiendo ser reelectos por una sola vez de manera continua.
La pasada semana, el diputado Wilson Santamaría (UN) anunció otra demanda contra las mismas exautoridades por similares delitos y por incumplir el referendo del 21 de febrero de 2016, en el que ganó la opción de no reformar parcialmente la Constitución Política del Estado.
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