La Paz, 24 de junio (ANF). – El Gobierno presentó este miércoles un recurso de consulta previa de constitucionalidad contra el proyecto de Ley de Estados de Excepción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aprobado recientemente en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). A la vez, confía que la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, no promulgará la norma porque estaría cometiendo una ilegalidad.
“Por la institucionalidad que hay en nuestro país y más allá de cualquier diferencia política, yo creo la señora Eva Copa no va incurrir en estos delitos y va a esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la consulta previa que le hemos hecho sobre el proyecto de ley” manifestó el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.
La consulta fue presentada hoy por los viceministros de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría; Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca y de Transparencia, Guido Melgar, en la ciudad de Sucre.
Coímbra explicó que el Gobierno nacional presentó la consulta al TCP porque considera que la norma invade las competencias del Órgano ejecutivo, y los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), junto a la Defensora del Pueblo, sólo pretenden “gestar un golpe de Estado imponiendo restricciones que no tienen nada que ver con una ley de excepción”.
Afirmó que el Legislativo tiene toda la facultad de fiscalizar y cuenta con los instrumentos para hacerlo.
La Cámara de Diputados sancionó el 18 de junio el proyecto ley para regular los estados de excepción y lo remitió al Ejecutivo en el marco de la normativa vigente. Una semana antes fue tratada en el pleno de la Cámara de Senadores.
El proyecto de ley consta de cinco capítulos, 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición derogatoria. En uno de sus puntos establece que la norma servirá para definir las modalidades y acciones del Gobierno durante el tiempo que duren las medidas establecidas.
Asimismo, establece que el Ejecutivo podrá declarar un estado de excepción por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas. En este último caso, no se considera a las movilizaciones sociales o las dificultades financieras como motivo para declarar un estado de excepción.
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