La Paz, 15 de junio (ANF).- El Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara debe restituir en su cargo a la concejala Vicencia Apaza, después que el Tribunal de Garantías de El Alto falló en su favor, al dictar la procedencia de una acción de amparo constitucional y anular la resolución en la que le suspenden de sus funciones.
La Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, constituida en Tribunal de Garantías, estableció que los derechos de Apaza fueron vulnerados, cuando en el mes de abril sus colegas resolvieron suspenderla de su cargo.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien participó de la audiencia de amparo constitucional, informó que el Tribunal consideró que los derechos al trabajo, petición, presunción de inocencia, defensa y debido proceso de la concejala Apaza, fueron vulnerados por los concejales.
En consecuencia, el Tribunal resolvió conceder la tutela solicitada y determinó que ella no puede ser alejada del cargo hasta que se verifique la suspensión o pérdida de mandato mediante una resolución ejecutoriada.
A fines de 2018, se conoció que Apaza era víctima de acoso político por parte de sus colegas del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara, en esa oportunidad denunció que era sistemáticamente aislada, le negaban información de las sesiones e incluso el acceso a documentos.
La autoridad municipal acudió a la Defensoría del Pueblo para denunciar la vulneración a sus derechos, tras una investigación la institución se constituyó junto a la Asociación de Concejalas de La Paz y la Asociación de Concejalas de Bolivia, en tercer interesado en la acción de amparo constitucional interpuesto por Apaza en contra del presidente, vicepresidenta y secretario del Concejo y del Alcalde de ese municipio.
Cruz explicó que, en la audiencia, la Defensoría del Pueblo argumentó que las resoluciones emitidas para suspender del cargo a la concejala fueron arbitrarias y que éstas no estaban enmarcadas en la normativa válida para autoridades municipales electas y por ello debían considerarse como medidas de hecho en contra de ella.
Asimismo, dijo, que se dio a conocer que tras una investigación defensorial se comprobó hechos de acoso político en contra de Apaza con la finalidad de acortar o suspender su mandato sin un fundamento legal establecido en normativa interna o normativa nacional.
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