La Paz, 19 de abril (ANF).- La presidenta de la cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que la oposición entra en contradicción cuando apoya el fallo que Naciones Unidas emitió en favor de los exlegisladores del MAS Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, y rechaza el “derecho” del presidente Evo Morales a postularse a un cuarto mandato consecutivo.
“Lo que me parece extraño es que la misma oposición que aplaude una recomendación de este tipo, que claramente dice que se están vulnerando los derechos humanos, por no permitirle a dos personas (que) habiendo sido antes parlamentarios nacionales, (postulen) como candidatos locales; es la misma oposición que usa esos argumentos para decirle no a la reelección del presidente Evo Morales, que curioso”, señaló la parlamentaria.
El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NNUU aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y mediante un fallo exigió al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico. Un dictamen de esa entidad establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos.
El fallo de NNUU es distinto al caso de Evo Morales, ya que ambos exlegisladores no deseaban reelegirse en el mismo cargo sino en otro y pasar del Legislativo a ser alcaldes de sus distritos.
Hace poco, la OEA estableció que la reelección indefinida de un Presidente no es un “derecho humano”, como sostiene el Gobierno.
“Una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, lo leen de una manera y cuando se habla de la reelección del Presidente lo usan al revés. O sea que cuando les beneficia a la oposición, un argumento es válido, pero cuando ese mismo argumento sirve para el presidente Evo Morales ¿ya no es válido?”, se preguntó.
El fallo de la ONU sobre Delgado y Maldonado le da al Estado boliviano 180 días para que establezca el monto a ser pagado a los dos, fije políticas para evitar casos similares en el futuro y lo difunda y traduzca a las lenguas oficiales de Bolivia.
Aunque el dictamen no fija una cifra, establece que Delgado y Maldonado deben recibir, de parte del Estado boliviano, una “compensación adecuada”, que incluya “los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional”.
Ambos exlegisladores fueron perjudicados por una norma ilegal aprobada por el Tribunal Supremo Electoral en 2014, que les impidió ser candidatos a las Alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente, postulación que algunas encuestas los daban como favoritos. Ambos fueron electos en filas del MAS, pero luego el partido los enfrentó debido a sus posiciones independientes.
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