La Paz, 27 de diciembre (ANF/Brújula Digital).- México anunció el jueves demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por un presunto "asedio" policial a su legación diplomática. Horas después el mismo gobierno mexicano propuso diálogo a su par boliviano en un país intermedio, lo que fue aceptado por la Cancillería boliviana. Luego, México condicionó que la reunión solo se haría si se retiraba a los efectivos policiales de la residencia y Embajada de ese país.
“El día de hoy (el jueves), México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional Penal por violación a obligaciones diplomáticas, planteamos que se preserve la integridad de instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano”, informó el canciller de México Marcelo Ebrard, quien después aclaró que se trata de una demanda ante la CIJ.
Bolivia, a través del ministro de Gobierno Arturo Murillo, desafió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a encontrarse en La Haya para dilucidar qué país violó los tratados internacionales: si Bolivia por proteger a la Embajada y residencia de México en La Paz o si el Estado mexicano al permitir que Evo Morales actúe políticamente y pida dejar sin alimentos a las ciudades, cuando era su refugiado.
Después, la canciller Karen Longaric dijo que “la demanda que han anunciado que nos van a instaurar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, yo considero que esta es una falacia jurídica jurisdiccional, porque nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería mexicana, nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido”.
Horas después, el subsecretario de México de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, pidió abrir un diálogo con Bolivia. “Hago un llamado a la Canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directa e incluso personal, cuando lo estime. Que nos encontremos en un país intermedio con el propósito de encontrar una ruta para el diálogo y la diplomacia”, afirmó.
De inmediato, la canciller Longaric aceptó un “diálogo fluido”, en cualquier lugar, pero con homólogo mexicano, Marcelo Ebrard. “Bolivia está dispuesta a tener relaciones amistosas con México, un diálogo fluido, pero siempre en el marco del respeto a la no injerencia de los asuntos internos de otros Estados. El diálogo tiene que ser con el Canciller de México no con el Vicecanciller”, afirmó la autoridad en entrevista con una radio mexicana.
Se traba el diálogo
Antes del cierre de la jornada del jueves, el diálogo que fue planteado por el vicecanciller mexicano quien propuso a Longaric reunirse con Ebrard en un país intermedio en el plano geográfico, fue condicionado a que Bolivia retire primero los efectivos policiales de la legación diplomática.
“No hay posibilidades de un diálogo entre ellos hasta que no retiren el excesivo despliegue policiaco y militar que nos asedia", indicó el funcionario mexicano en entrevista con W Radio, citado por El Universal.
Reyes admitió que la Embajada de México en Bolivia fue la que solicitó una mayor seguridad para su sede, debido a las manifestaciones, pero considera que el despliegue es “excesivo”. "Cada que nuestra embajadora sale a sus gestiones diplomáticas, incluso a la propia cancillería de Bolivia o para comprar víveres, le ponen escoltas la siguen y la graban”, sostuvo el Vicecanciller, cuyo grado formal es de Subsecretario para América Latina.
Tal como se conoció la jornada de ayer, fue la propia legación diplomática la que, en tres oportunidades, solicitó formalmente, mediante nota escrita a la Cancillería, el precautelar la seguridad de la embajada mexicana.
El fondo del problema
La Embajada de México en Bolivia tiene en calidad de asilados a nueve exautoridades de Evo Morales, que renunció por fraude electoral y luego huyó del país. México reveló el miércoles que son nueve las personas asiladas en la residencia mexicana: los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz; también Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro, Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, exdirector de Agetic.
El miércoles, el Gobierno denunció que hubo la “posibilidad” de fuga de las exautoridades asiladas en la residencia de México, en la ciudad de La Paz, de acuerdo con la información policial recibida y que por ello se activaron los mecanismos de seguridad.
“Ha existido información sobre la posibilidad de que alguna gente que tiene cuentas pendientes con el país hubiera pretendido abandonar estas oficinas (legación mexicana) y por supuesto ahí se activaron los mecanismos de seguridad porque no lo vamos a permitir”, sostuvo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a radio Panamericana.
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