La Paz, 19 de junio (ANF).- El expresidente y vocero de la causa marítima Carlos Mesa citó cuatro irregularidades en el caso Quiborax y ratifica que la principal responsabilidad está en los funcionarios de gobierno como los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Minería César Navarro y el procurador, Pablo Menacho.
La exautoridad manifestó que la decisión ahora está en manos de la Fiscalía General del Estado, porque debe decidir poner en la balanza la acusación del procurador Pablo Menacho; o “la denuncia en la que establecemos que hay una responsabilidad muy directa y quienes tienen que ser realmente sujetos de la acusación, son Héctor Arce, César Navarro, Elizabeth Arismendo y Menacho.
Mesa prestó su declaración la mañana de este martes en la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre. La convocatoria de las autoridades se hizo después que el 22 de mayo el Ministerio Público recibiera la denuncia del Procurador General del Estado por los delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".
El vocero de la causa marítima ratificó su pedido que hizo este lunes a través de un memorial en el que solicita la ampliación de las investigaciones contras las autoridades que asumieron la defensa de los intereses de Bolivia, desde la Procuraduría General del Estado.
Mesa identificó cuatro aspectos considerados “clave” que permiten identificar las irregularidades en la defensa de los intereses del país por parte del Gobierno, luego que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinara rechazar la solicitud de anulación del laudo arbitral por lo cual Bolivia debía pagar 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax.
El fallo del Ciadi fue notificado al Estado boliviano y a la firma chilena el pasado 18 de mayo y en él se “desestima en su totalidad la solicitud de anulación” presentada por Bolivia, luego de que el Ciadi emitiera el fallo compensatorio a favor de Quiborax el 16 de septiembre de 2015.
“El fiscal debería incorporar en la investigación a los funcionarios de gobierno del presidente Evo Morales. El tercer memorial es una denuncia formal, que pide al fiscal abrir la investigación sobre los personeros, basado en cuatro irregularidades claves", sostiene Mesa.
La primera, porque se hubiera llegado a un acuerdo “firme y formal” entre Quiborax y el Estado “antes del laudo arbitral por tres millones de dólares". “Primero se hace un acuerdo verbal sin que exista una sentencia por falsificación, de manera increíble el gobierno termina pagando no tres millones sino 42 millones de dólares", detalla.
La segunda irregular “gravísima” está referida a la falsificación de un documento, asegura que el proceso arbitral nunca debió haber ocurrido, porque "no puede abrirse un proceso de un laudo arbitral basado en un documento falsificado, un documento falsificado no causa derecho”, sostiene.
La tercera irregularidad sostiene está vinculada a que la Procuraduría General de forma “increíble” se convirtió en una oficina de negociación “para hacer desistimiento de la querella penal contra Alan Fost, el más importantes accionista de Quiborax en Chile y se establece como un acuerdo previo cuando aún no se conocía si su petición de nulidad del fallo que hizo el tribunal arbitral se iba a ratificar o no”, cuestionó.
Y una carta irregularidad citada por Mesa y considerada la “más grave” es el pago de los 42 millones de dólares a favor de Quiborax. “Me duele profundamente que el Procurador me acusa a mí que soy el portavoz de la causa marítima y le da la mano y le sonríe y le entrega 42 millones de dólares a Quiborax”, afirmó.
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