Motín policial en puertas de la Policía en Cochabamba en noviembre de 2019. Foto: Opinión
La Paz, 11 de mayo (ANF). - A través de un proyecto de ley, el Movimiento Al Socialismo (MAS) propone modificar el numeral 10 del artículo 14 de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, para sancionar las medidas de presión que sus miembros puedan realizar y deriven en la interrupción de un gobierno legalmente constituido.
El objetivo de la norma es garantizar que la policía boliviana evite que se ponga en riesgo al gobierno legalmente constituido, tomando en cuenta que el repliegue de los uniformados en 2019 dejó en indefensión al Ejecutivo y Legislativo y ocasionó la renuncia de Evo Morales.
"Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio como actos de protestas o medidas de presión y que producto de los mismos se interrumpa el gobierno legalmente y democráticamente constituido, dejando en estado vulnerable a la institución del Estado", dice el artículo.
El motín policial se registró entre el 8 y 9 de noviembre de 2019, durante los conflictos políticos por las "irregularidades" registradas en las elecciones de octubre de aquel año, que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Se inició una investigación disciplinaria y penal contra 26 uniformados que participaron en ese hecho.
Al respecto, el diputado del MAS y proyectista de la propuesta, Ángelo Céspedes además presidente de la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas señaló que este martes se tratará la norma en esa instancia, no quiso explicar los motivos que tuvo para presentar la propuesta.
Anteriormente, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, dijo que los oficiales que participaron en esos hechos deben ser investigados y sancionados. A la vez, manifestó que el Ejecutivo y Legislativo estaban analizando el tema para ver los mecanismos de sanción.
En ese contexto, el dirigente de los policías en reserva, coronel René Calle, cuestionó la propuesta del partido en función de gobierno, aseguró que se trata de amedrentar y acallar a los uniformados del verde olivo por lo ocurrido en noviembre de 2019. Además de impedir que hagan conocer sus reivindicaciones ante la falta de atención por parte de las autoridades.
"Lo que quieren es anular a toda la institución policial en los reclamos que uno pueda realizar en el sector activo. Lo que pretende es amedrentar a los uniformados por lo que pasó el 2019, cuando se demandaba no ser obligados a actuar contra la población, a quien nosotros nos debemos", reclamó calle.
Investigación
En enero del presente año, el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentó una demanda de procesamiento penal contra 26 oficiales, de los que 10 terminaron en la Fiscalía de La Paz entre ellos están dos coroneles y tres tenientes coroneles.
Entre los dos coroneles acusados está el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, que es procesado por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo, conspiración, y conspiración en grado de complicidad que permaneció en el cargo hasta el 14 de noviembre, cuando fue reemplazado por otro jefe policial por la entonces mandataria, Jeanine Áñez.
El otro oficial procesado, es el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Iván Rojas, quien no prestó su declaración porque está presuntamente en Chile, sobre éste pesan otras acusaciones promovidas desde el MAS.
Demora en ascensos
Transcurrieron 177 días desde que el coronel Jhonny Aguilera juró como nuevo Comandante General de la Policía y que el presidente Luis Arce debía revisar la Orden General de Ascensos, que entregó el Comando del verde olivo en enero y remitirlo al Senado para su aprobación.
En abril del año en curso, Del Castillo confirmó que esa orden no será aprobada hasta que no se haya procesado a los policías que participaron del motín de noviembre de 2019,
“Venimos de un golpe de Estado y necesariamente debemos investigar a todos y cada uno de los policías para que los mejores hombres y las mejores mujeres dentro de la institución policial puedan acceder a los mejores cargos”, dijo en esa oportunidad.
Al respecto, el policía en retiro mayor David Vargas afirmó que la demora en los ascensos es otra forma de castigar a sus camaradas por no cumplir con las disposiciones de un gobierno que vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) al querer eternizarse en el poder
A la vez añadió que estas acciones no tendrán ningún resultado de acallar a sus camaradas y que los uniformados del sector pasivo y sus esposas estarán en pie de lucha.
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