La Paz, 21 de abril del 2026 (ANF). – El senador de la bancada Libre Branko Marinkovic, impulsor de la Ley de conversión de pequeñas a medianas propiedades, aseguró que no tiene ni una sola hectárea a su nombre; sin embargo, aclaró que a título de sus empresas tiene unas 3.500 hectáreas.
“Yo, como persona, —no voy a contar el resto de lo que son mis hermanas porque hemos dividido todo—, debo tener unas… A mi nombre absolutamente nada, debo tener a nombre de empresas unas 3.500 hectáreas”, declaró Marinkovic a la ANF.
Precisó que dicha cantidad de hectáreas, a nombre de empresas, hace que forme parte de las personas que tienen grandes propiedades. En ese marco, precisó que la característica en el departamento de Santa Cruz es que se siembra soya, maíz y eso requiere grandes extensiones de tierras.
La Ley 1720 de conversión de tierras de pequeñas a medianas propiedades es rechazada por los marchistas que vienen desde el norte del país hasta el departamento de La Paz. Los campesinos exigen la abrogación de esa norma; caso contrario, aseguraron que no levantarán la medida de presión.
La normativa fue promulgada, pero aún falta la reglamentación que deberá ser consensuada con los actores involucrados. Mientras tanto, los voceros del gobierno de Rodrigo Paz sostienen que la conversión de tierras es voluntaria. Desde sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB), sostienen que beneficiará sólo a la agroindustria y empujará a los pequeños productores a vender o hipotecar sus tierras.
El director de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, señaló que la Ley 1720 está enfocada a beneficiar a la agroindustria cruceña que tiene sus pequeñas propiedades ocultas en “palos blancos” y con la ley podrá convertirlas a medianas sin pagar impuestos ni cumplir la Función Económica Social.
Entre tanto, los marchistas del norte ya ingresaron a territorio paceño rumbo a la sede de Gobierno. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, intentó frenar la movilización en Beni ofreciendo un diálogo con autoridades, pero no tuvo éxito.
De acuerdo a la Fundación Tierra, con la ley en vigencia, el INRA solamente se convertirá en mero tramitador y dejará de lado, por 10 años, el control de la Función Económica Social, que sería otra de las consecuencias.
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