La Paz, 25 de enero (ANF).- 23 instituciones demandaron al gobierno del presidente Luis Arce Catacora acciones más efectivas para hacer frente a la crisis estructural que atraviesa el país, agudizada por la pandemia del nuevo coronavirus.
En un comunicado público, las instituciones firmantes piden a Arce anteponer la vida antes que la política y el negocio y le recuerdan que “no estamos ante un problema ideológico”.
“Demandamos mayor presencia internacional al Gobierno del presidente Luis Arce y respuestas más efectivas. No estamos ante un problema ideológico, sino frente a una crisis estructural que requiere de capacidad de gestión en los distintos niveles del Estado nacional, regional y municipal. Están en juego la vida, la salud y la seguridad de los bolivianos y bolivianas”, se lee en el comunicado.
Piden al gobierno brindar espacios de apertura y escucha de las organizaciones de sociedad civil, para aunar esfuerzos e implementar medidas consensuadas e inclusivas.
Señalan que la pandemia está cobrando demasiadas vidas en el país y los esfuerzos institucionales para reducir las muertes y el sufrimiento de las familias bolivianas no son suficientes y no están respondiendo oportunamente a este problema de salud pública.
“Nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de salud buscan enfrentar la pandemia en medio de un sistema de salud en estado crítico y precario. A ellos y ellas, nuestro mayor reconocimiento por su entrega para intentar salvar vidas. Expresamos nuestro dolor por la muerte de tantos y tan valiosos profesionales, y nuestra solidaridad con sus familias”, manifiestan.
Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 1.781 nuevos casos de Covid-19 con 66 fallecidos. La suma total de casos asciende a 202.818 desde el inicio de la pandemia.
Las instituciones también expresan su preocupación por las declaraciones de autoridades, “algunas de forma irresponsable e insensible, que nos ponen en alerta para demandar respuestas urgentes”.
“No necesitamos proyecciones ni planes mediáticos, sino soluciones reales, porque dejar a la población desprotegida frente a un problema de salud pública es una flagrante violación a los derechos humanos”, indican.
La obligación del Estado y de quienes circunstancialmente lo administran, remarcan, es proteger a su población, garantizando los derechos a la vida y a la salud, el acceso a tratamiento médico oportuno y confiable; además de las medidas económicas razonables que deben acompañar la difícil situación que deja la pandemia.
Exigen que la vacuna sea universal, “más allá de los intereses privados de empresas que pueden llevar a verdaderos genocidios, solo por su ambición e interés de enriquecimiento a costa de la desgracia humana. Es incluso posible el riesgo de que se genere un mercado negro de vacunas, con prácticas deshumanizadas y mercantilistas”.
“Las autoridades deben garantizar el acceso efectivo a medicamentos y a unidades de terapia intensiva para pacientes en estado crítico. El control de precios de medicinas y servicios referidos a la pandemia es de poca magnitud frente a lo que estamos enfrentando”, concluyen.
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