La Paz, 2 de diciembre (ANF).- El Índice de Chapultepec ubica a Bolivia en una situación de parcial restricción de la libertad de expresión y prensa (52,71/100), por debajo del promedio global de 55,61, entre 22 países de América, de acuerdo a su informe de observación entre julio 2020 a agosto 2021.
“En conclusión, Bolivia presenta un escenario frágil para la libertad de expresión y prensa que bordea pasar de una “parcial restricción” a una “alta restricción”. La ciudadanía, los medios masivos y periodistas son “parcialmente libres” de expresarse y de realizar su labor de informar. En algunos casos, los límites son evidentes como el de la violencia y las amenazas directas; en otros son más sutiles, como la distribución de la publicidad oficial que genera censura o autocensura”, se lee en el documento.
El Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es un barómetro anual que establece una valoración a las actuaciones institucionales de países del hemisferio americano.
El Índice mide factores que influyen en forma negativa y positiva la libertad de prensa en 22 países, de acuerdo con cuatro dimensiones: Ciudadanía informada y con libertad de expresión; Ejercicio del Periodismo; Violencia e Impunidad y Control de Medios. Permite, además, visibilizar la influencia desfavorable que ejercen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre las libertades de prensa y expresión.
A modo de resumen ejecutivo, señala que tras la crisis política de 2019, se ha exacerbado el clima de división, polarización violenta amenazas y ataques en contra de los que se juzga como “adversarios”. Y que tanto en el gobierno de Jeanine Añez como en el de Luis Arce, “estigmatizar, atacar, amedrentar, obstaculizar no solo el trabajo periodístico sino también la libertad de expresión y protesta ciudadana se convirtieron en mecanismos de control político”.
Advierte que con el retorno al poder del MAS, el escenario se ha fragilizado para el ejercicio periodístico, en medio del intento por instalar la narrativa del “golpe de Estado”. La distribución de la publicidad oficial representa el mecanismo más eficaz –y a la vez sutil– para controlar a medios, mientras que la ola de persecución judicial en el país promueve procesos de censura y autocensura que afecta a la ciudadanía y al mismo sistema democrático.
En el informe de 12 meses entre 2020 y 2021, añade que en el contexto de polarización y conflictividad política que vivió el país agudizado tras la crisis de 2019 y la pandemia por la Covid-19, ha repercutido en la situación de vulneración de la libertad de expresión y de prensa, con efectos negativos obvios para los derechos de la información y comunicación de la ciudadanía, y con innumerables registros de las agresiones desde fines de 2019 y 2020, con base en información de la organización Unitas y el ITEI.
Asimismo, sostiene que el período de gobierno de Jeanine Añez y el nuevo ciclo gubernamental del MAS, conducido por Luis Arce, “han alimentado más ataques a la labor periodística, acusaciones y amenazas, además de violencia creciente que impide a la ciudadanía manifestarse libremente”.
Además, señala que “la tradición del MAS en su primera y segunda etapa (2006-2019 y 2020-a la fecha) ha sido acusar a medios masivos y periodistas de ‘mentirosos’, ‘enemigos’, ‘de derecha’, ‘opositores’, entre otros epítetos. En medio de la lucha narrativa masista por instalar la versión del ‘golpe de Estado’ como causa de los graves acontecimientos y el saldo de víctimas de noviembre de 2019, varios periodistas han sido foco de estigmatizaciones, discursos y ‘listas de odio’, acusándolos de ser aliados del gobierno transitorio de Añez”, se lee en el documento.
Por otra parte, observa los intentos legislativos de debatir y aprobar leyes restrictivas en contra de la libertad de expresión, en particular en redes sociovirtuales, espacio que escapa del control gubernamental. Además, de crear –dice- nuevos impuestos para los servicios digitales. La presencia de “guerreros digitales” que permanentemente arremeten contra medios y periodistas.
En el ámbito Judicial, señalan órdenes fiscales que intentan se revelen fuentes de información periodística, vulnerando así el derecho de secreto de la fuente. No obstante, considera que el mecanismo más eficaz de control directo de medios es el de la publicidad oficial que no tiene regulación transparente alguna y esto permite perjudicar o beneficiar a unos y otros, según la conveniencia del gobierno de turno.
En el análisis de resultados hace mención a el Estado como agresor, restricciones violentas a la información y peligros de expresarse, ejercicio periodístico, los riesgos y estigmas por informar, el reino de la indiferencia y la impunidad y publicidad oficial el control más efectivo.
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