La Paz, 30 de noviembre de 2022 (ANF).- El viceministro de Coca, Arlen Lovera, sugirió al municipio de La Paz cerrar el mercado paralelo de coca de Arnold Alanes; en respuesta, el expresidente de Adepcoca, Armin Lluta, le recordó que la norma vigente establece que su autoridad y el Ministerio de Desarrollo Productivo tienen la facultad para regular los mercados de coca.
“Nosotros no podríamos clausurar algo que no hemos abierto, algo que no hemos autorizado. Repito, como Estado, como viceministerio, no hemos autorizado. Creemos que hay diferentes dependencias en el marco de la autonomía, tenemos a la Alcaldía que debería tomar acciones”, dijo el viceministro la pasada jornada al ser consultado sobre quién debería cerrar el mercado ilegal de Villa El Carmen.
El 8 de septiembre una gigantesca columna de cocaleros, que marcharon por cinco días desde Chulumani, llegó a la ciudad de La Paz y, luego de un ataque con bombas molotov de parte del grupo de Alanes, tomó y quemó el mercado ilegal de coca. Poco más de un mes después, el 10 de octubre, Alanes decidió volver a abrir su recinto fuera de norma con aquiescencia del Gobierno.
“Es preocupante ese tipo de declaración que viene de una autoridad gubernamental, cuando la Ley General de Coca le da competencias tanto al ministro como al viceministro. Es el Estado que, mediante este ministerio, regula los mercados y los están regulando. Ellos ven lo que es la producción, la comercialización, transporte y también los mercados. Entonces, me parece irresponsable por parte de esa autoridad”, dijo el dirigente Armin Lluta a la ANF sobre esa nueva visión del Gobierno.
Para el Gobierno, el problema de los dos mercados de coca es un “problema interno” y Lovera dijo que, como Ejecutivo, ellos convocaron a las partes para encontrar una solución, sin embargo, ninguna de las partes se puso de acuerdo para negociar.
Lluta le recordó que la Ley 906, que fue aprobada por el propio partido en función de Gobierno, y los reglamentos del Ministerio de Desarrollo Rural establecen con claridad que la regulación de los centros de comercialización de la hoja son competencia ellos.
“Entonces, ¿de qué negociación nos están hablando?”, cuestionó el dirigente, quien fuera uno de los dirigentes que peleó contra el Gobierno por la vigencia del único mercado legal.
El artículo 21 de la Ley 906 señala que es atribución del Gobierno la política respecto de la hoja de coca.
“El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras regulará, autorizará, acreditará y fiscalizará la circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca”, señala el documento y no menciona en ninguna parte una posible intervención del municipio.
Además, el Decreto Supremo 3318, que reglamenta la Ley 906, también señala al Ministerio de Desarrollo Rural como “única instancia competente para autorizar, controlar y regular los Mercados de Coca, a través de Resolución Ministerial”, pero el viceministro Lovera insiste en que el municipio paceño puede intervenir el mercado ilegal.
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