La Paz, 22 de abril (ANF).- El Ministerio de Justicia apelará el dictamen del juez cautelar que determinó la detención domiciliaria para el alcalde de Cochabamba y demandará que José María Leyes sea enviado a la cárcel.
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, calificó de incoherente del decisión del juez y anunció que la apelación será presentada este lunes para acelerar el encarcelamiento del Alcalde de Cochabamba tal como ya lo solicitó la Fiscalía, y advirtió que se acumulan evidencias para demandar a Leyes por otros hechos de corrupción.
Según la autoridad, no corresponde la detención domiciliaria porque el juez admitió que “existen probados indicios de responsabilidad del alcalde Leyes” en la comisión de cinco delitos y, asimismo, hay elementos que demuestran riesgos procesales como el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación.
El Viceministro recordó que “una audiencia cautelar se da cuando el Ministerio Público determina que hay suficientes indicios para pensar que una persona tiene responsabilidad en el caso” pero además cuando se constata que existen riesgos procesales que fueron demostrados.
Detalló que todas las pericias de investigación que se han llevado adelante en el denominado “caso mochilas” muestran que “es demasiado grosero, es demasiado evidente que la licitación está viciada” y que se ha cometido delito.
Entre los argumentos de la apelación que Jiménez destacó que el juez estableció que “existe probabilidad de autoría de cinco delitos por parte de José María Leyes, se estableció una alta probabilidad de obstrucción del proceso por cuando el municipio hizo desaparecer información de los CPU, y el Alcalde convocó y movilizó a comerciantes comprometiendo transferencia de derecho propietario sin tener competencia para ello, hay riesgo de daño a la sociedad, y se determina riesgo de fuga, porque uno de sus argumentos era que no había pagado y disolvió el contrato”.
En declaraciones a Bolivia TV, Jiménez aseguró que “aún de los esfuerzos del alcalde y del anuncio de que el 13 de abril disolvió el contrato “por fuerza mayor”, la norma de contrataciones en el Estado establece que cualquier contrato se puede resolver antes de la provisión del producto, no después, y en este caso se entregó y se repartió las mochilas y el hecho se ha consumado”.
La autoridad aseguró que lejos de evitar su responsabilidad, los argumentos que esgrimió el alcalde Leyes durante la audiencia cautelar, muestran que “no solo hay probabilidad de autoría sino probabilidad de riesgo de fuga y obstaculización del proceso”.
La decisión del juez que determinó la detención domiciliaria es incoherente, insistió Jiménez, y reiteró que “vamos a apelar como corresponde en el marco de la ley, para precautelar los intereses de Cochabamba”.
Reiteró que en opinión del Ministerio de Justicia y tal como ya lo pidió el Ministerio Público “corresponde que Leyes vaya a la cárcel”.
Aseguró que no se trata de “persecución” sino de aplicación de la ley y garantizó que desde el despacho de Justicia se garantizará que se “cumplan los plazos procesales para lograr el esclarecimiento y las sanciones en este caso”.
Según el Viceministro de Transparencia, el “caso mochilas” puede destapar otros hechos de corrupción, “la forma en que se ha configurado hace ver que hay mucho más y se puede descubrir otros elementos”, advirtió.
Dijo que se tienen elementos que muestran que en la gestión 2017, las misma empresas involucradas en la adquisición de mochilas, proveyó “asfalto y otros productos bajo ciertas formas irregulares”.
La autoridad dijo que la firma de contratos lesivos al Estado, la conducta antieconómica y otros hechos ilegales permiten pensar que “se trata de un entorno armado alrededor del ejecutivo municipal, para hacer negocios con su mismo municipio, esto es una hipótesis, hay que dejar que la investigación fiscal lo determine”.
Jiménez advirtió que “la confabulación puede consumar actitud criminal y delictiva” y reiteró que existen sospechas de que ocurrió lo mismo con una “licitación anterior, que fue más grosera todavía, 2016 para 2017, donde se presentaron tres empresas, compulsan y anulan la licitación de un día para otro, cambian especificaciones técnicas y la única empresa que se presenta es la misma sociedad (que se adjudica las mochilas en 2018) pero con otro nombre, por lo tanto es un hecho repetitivo y esto derivará en otro tipo de investigación”.
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