La Paz, 30 de julio (ANF).- El mismo día que renunció el entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, la fiscalía general del Estado (FGE) con base en los resultados de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), instruyó que la comisión de fiscales que conformó asuma todas las medidas para la aplicación de medidas cautelares, en ese marco varios vocales electorales que estaban en funciones fueron aprehendidos.
La FGE ese día emitió un primer comunicado en el que “instruyo” a la Fiscalía Departamental de La Paz el “inicio inmediato de todas las acciones legales correspondiente para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral y demás autores y partícipes de los presuntos hechos irregulares”.
Para cumplir ese objetivo, se conformó una comisión de fiscales especializados que tendrían a su cargo la dirección funcional de la investigación, “quienes deberá librar y emitir en el día, los requerimientos, mandamientos, órdenes y resoluciones que permitan la aplicación de las medidas cautelares”.
Pero también dispuso que los fiscales departamentales el “inmediato inicio de acciones penales contra los vocales y servidores públicos de los Tribunales Electorales Departamentales”.
Tras el instructivo, la comisión de fiscales activó las aprehensiones. Ese 10 de noviembre, fueron aprehendidos la presidenta y vicepresidente del TSE, María Eugenia Choque y Antonio Costas respectivamente. Incluso fueron presentados ante los medios de comunicación enmanillados. De la misma manera y en los días siguientes iban siendo detenidos uno a uno las exautoridades.
Las medidas fueron activadas tras conocer el informe de la OEA en el que se advirtió la presunta existencia de hechos irregulares que se constituirían en ilícitos penales y/o electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales que fueron brindados por el Tribunal Supremo Electoral de las elecciones generales del 20 de octubre de 2020.
El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana, recordó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que fue el Ministerio Público que desató una ola de aprehensiones contra las entonces autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED).
Comentó que las autoridades del MAS y la Fiscalía viven en un mundo al revés, porque fue “el propio fiscal quien encarceló a sus compañeros del MAS, ahora cierra el caso fraude electoral sin explicar el por qué encarceló a los exvocales. Es el fiscal que demuestra total sometimiento e incongruencia”.
Durante un año el Ministerio Público mantuvo el caso abierto, según dijo el fiscal Lanchipa recibiendo declaraciones y colectando información, sin mayores observaciones al informe de la OEA, sin embargo, tras la victoria del MAS en octubre de 2020, inició un nuevo periodo de acciones.
Los vocales departamentales empezaron a ser sobreseídos a petición de los fiscales por no haberse encontrado elementos que los vinculen con las presuntas irregularidades.
Después de más de un año, en abril de 2021 contrató al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), para que realice una pericia “Pericia de seguridad informática y administración de redes”, que según el Comité pro Santa Cruz las partes no fueron notificadas de que se realizaría esta acción procesal.
La pericia fue realizada por un docente y dos estudiantes investigadores, sin experiencia en material electoral. El resultado del informe específicamente informático establece que no hubo manipulación en los resultados.
La OEA a petición del gobierno de Evo Morales el 2019 realizó una auditoría integral a todo el proceso electoral, en el trabajo participaron más de 30 expertos de diferentes países con la experiencia en pericias electorales.
La Fiscalía resolvió usar el informe del grupo de Salamanca para pedir que la autoridad jurisdiccional declare el sobreseimiento de 12 personas entre exvocales y exfuncionarios que eran investigados por varios delitos penales y electorales.
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