La Paz, 19 de mayo del 2026 (ANF). – El secretario de Justicia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, sostuvo este martes que no teme ir preso o morir con tal de cumplir el objetivo exigido por “las bases”, que es conseguir la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.
“Las autoridades de cualquier cosita nos quieren agarrar, nos quieren perseguir. Yo desde acá quiero decirle al Gobierno central: si tenemos que ir a la cárcel, si tienen que matarnos, ni modo. Nosotros no estamos haciendo ningún daño, estamos sirviendo al pueblo, estamos escuchando la necesidad de nuestra gente. Nunca nos vamos a prestar al juego del Gobierno”, declaró Marca.
Ya son tres semanas desde que el departamento de La Paz permanece bloqueado por sectores que ya no quieren diálogo, sólo exigen la renuncia del primer mandatario. Entre tanto, la población de las ciudades de La Paz y El Alto sufren un desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, además de medicamentos, oxígeno medicinal y combustible.
Ante la pasividad del Gobierno, los movilizados comenzaron a agredir a los ciudadanos, policía y periodistas. Varias infraestructuras públicas y privadas resultaron dañadas por la violencia de los marchistas.
El comandante de la Policía, Mirko Sokol, confirmó que el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y otros dirigentes están con órdenes de aprehensión por instigar los hechos de violencia que se registraron en el país.
El representante de las Iglesias Cristianas, Luis Aruquipa, informó que ampliaron la presentación la Acción Popular contra otros dirigentes que impulsaron y respaldan los bloqueos de caminos.
En la lista están el cobista Argollo, el senador Nilton Condori, el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, Vicente Salazar; los dirigentes campesinos Rolando Choque y Rubén Santos; el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye; y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Marca atribuyó el hecho a una supuesta persecución política ejercida por el Gobierno nacional para supuestamente acallar las protestas.
El dirigente de la Central Obrera Departamental de La Paz, Cecilio Gonzales, negó que sus bases hayan cometido actos vandálicos en las movilizaciones, atribuyo el hecho a supuestos infiltrados.
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