La Paz, 18 de agosto (ANF). – Los profesionales postulantes al
cargo de Contralor General del Estado en su mayoría son auditores financieros y
economistas, solo hay tres de profesión abogados. De los 21 aspirantes al
cargo, la mayoría son funcionarios públicos de el nivel central del Estado y
otros de gobiernos subnacionales.
La ANF
revisó las hojas de vida de los 21 candidatos que pasaron a la etapa de
entrevistas del proceso de selección y designación de la nueva autoridad y
evidenció que la gran mayoría son funcionarios departamentales y nacionales de
la misma Contraloría; otros forman parte de gobiernos subnacionales de las
unidades de auditoría y muy pocos son profesionales independientes.
El proceso
de elección y designación se encuentra en la etapa de entrevista personales cuyo
periodo inició este miércoles y concluirá el viernes. La siguiente fase es la
publicación de los postulantes habilitados que pasarán a la Asamblea
Legislativa Plurinacional para ser elegidos por dos tercios de votos de los
parlamentarios de las tres fuerzas políticas.
Primer grupo de entrevistados
(miércoles)
Carlos Javier Garrón cuenta con experiencia académica
en pregrado y postgrado en las áreas financieras y económicas y dicta clases en
el departamento de Chuquisaca. Además, fue gerente general (2008-2010) en el
Consejo de la Judicatura del Órgano Judicial, fue jefe administrativo de la Corporación
Regional del Desarrollo (1990-1994) y jefe de la institución de Técnicos
Asociados de Auditoría (1985-1990), entre otros.
En
relación a sus títulos profesionales, el candidato obtuvo dos licenciaturas,
uno en Contaduría Pública y otro en Ciencias Financieras de la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca; además tiene una maestría en Educación Superior
y una especialización en el área económica.
En su hoja
de vida no señala si habla o no dos idiomas, aunque en la entrevista hablo en
quechua. Cumplió con el servicio premilitar.
Según su
currículum, Gerard Pablo Rojas Aliaga
trabajó como responsable nacional de Tesorería y Presupuestos en el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (2020-2021); sin embargo, en su declaración jurada,
de junio de 2021, todavía funge como funcionario de esa institución. Declaró
que tiene activos por Bs 22.000, deudas pasivas por Bs 44.500 y rentas por Bs 124.619.
También trabajó
en el Colegio de Auditores de La Paz (2018-2020); fue auditor externo en una
cooperativa; se desempeñó como auditor externo en el Ministerio de Medio
ambiente y Agua (MMAyA) (2016-2017); y ocupó otros puestos laborales en
empresas privadas en el área administrativa.
El
profesional cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública (2007), una
maestría en Administración de Empresas (2011) y varias especializaciones en el
ámbito aduanero y tributario y en educación superior. No mostró experiencia en
investigación sobre recuperación de bienes del Estado.
Desde
febrero de 2021, la candidata Olga Edith
Suárez Jiménez trabaja en la Contraloría General del Estado como subcontralora
del nivel central y según su declaración jurada tiene cuatro bienes en su poder
y un total de rentas recibidas de Bs 373.537.
Su hoja de
vida develó que su vida laboral inició en la Contraloría Departamental de
Trinidad (1990-1993) y con el tiempo pasó a trabajar en la misma institución
del Estado, pero esta vez en la departamental de Santa Cruz (1993-2009).
Posteriormente, durante 10 años y 27 días, se desempeñó como Subcontralora de Auditoría
Externa en la Contraloría General del Estado.
La
postulante cuenta con un título de Auditora Financiera de la Universidad Mayor
de San Andrés (UMSA); además, cuenta con una maestría en Educación Superior de
la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA). También optó por
diferentes cursos y seminarios internacionales de especialización.
Según su
perfil académico, no habla dos idiomas.
De acuerdo
a la hoja de vida de Ángel Quisbert
Blanco, tiene 16 años de experiencia laboral y actualmente es socio
principal de Consultoras Anquisbert y Anderen S.R.L.
Durante su
vida profesional asumió cargos jerárquicos en el servicio público y en áreas
relacionadas al control interno de las instituciones (2012-2019), por ejemplo, Safi
Unión, Valores Unión, Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Universidad
Pública de El Alto (UPEA).
De 2011 a
2021, dictó clases universitarias sobre áreas financieras en pregrado y
postgrado. Actualmente es licenciado en Auditoria y tiene maestrías en Auditoría
y Control Financiero y Educación Superior.
El
postulante Roy Cecilio Ancasi Colque
tiene ocho años de experiencia como Auditor Financiero, según su currículum
vitae. Su declaración jurada, de noviembre de 2021, devela que tiene cinco
bienes en su poder, activos por Bs 462.945, cero deudas y rentas por Bs 3.157.
El
profesional trabaja como Jefe de la Unidad de Auditoría Interna en la alcaldía
de El Alto (2021-2022). Asimismo, de 2007 a 2011 ejerció tres cargos diferentes
en la Contraloría Departamental de Pando y posteriormente trabajó en la
gobernación de Pando en las áreas de Asesoría Legal, Relaciones
Interinstitucionales y Coordinador Administrativo.
Luego
ingresó de Consultor Individual de Auditoría al Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural y participó en procesos de investigación de
recuperación de bienes del Estado.
El
profesional cuenta con una licenciatura de Auditor Financiero y tiene diplomados
en Formación de Líderes y Administración Municipal.
El auditor
Alfredo Lorenzo Villca Cari declaró, en agosto de 2022, que
trabaja en FONABOSQUES del MMAyA y cuenta con dos bienes, activos por Bs
79.000, deudas pasivas por Bs 200.000 y rentas por Bs 132.961.
Según su
hoja de vida, trabajó como encargado de almacenes de una importadora de bebidas
alcohólicas y gaseosas (2019-2021), ofreció sus servicios de profesional
independiente (2016-2018), fue gerente de la Contraloría Departamental de Santa
Cruz (2010-2014) y jefe de la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT (2009-2010).
También
ejerció cargos sindicales en empresas privadas y fue docente invitado en universidades
privadas. No estuvo en ninguna actividad relacionada a la recuperación de los
bienes del Estado.
El
candidato Javier Vega Viza es excontralor
Departamental de La Paz y fue el último en presentar su postulación. Según su
hoja de vida cuenta con 23 años de experiencia en el área de auditoría. También
fue Contralor en el Beni (2009-2010), gerente nacional de Auditoría Externa (2010-2011),
y subcontralor de Auditoría Externa (2010-2011).
En 2006
obtuvo su licenciatura de Contador Público de la UMSA.
Segundo grupo de entrevistados
(jueves)
La
postulante Sandra Quiroga Solano es
auditora financiera y asegura que tiene más de 28 años de experiencia
profesional en cargos jerárquicos y operativos. Actualmente figura como
funcionaria de la Contraloría General del Estado. En febrero de este año
declaró que tiene ocho bienes, activos por Bs 10.729, pasivos por Bs 1.034.001
y rentas por Bs 236.616.
En su hoja
de vida precisó que tiene 19 años de experiencia en cargos jerárquicos, por
ejemplo, en la subcontraloría departamental y cargo similar en el nivel
central, además fue gerente principal del Control Interno de la misma institución,
entre otros cargos.
La
profesional aclaró que dicta clases de pregrado y postgrado en diferentes
universidades públicas y privadas en temas relacionadas a la auditoría.
Según su
hoja de vida, Benedicto Marcos Apaza
Vargas actualmente es jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa
Bolivia TV y está en el cargo desde julio de 2021. Según su declaración jurada
cuenta con tres bienes, activos por Bs 106.800, cero deudas y rentas por Bs
79.250.
Trabajó en
la Contraloría General del Estado durante 24 años: Auditor (1990-1995), Supervisor
de Auditoría (1995-1998), gerente de Auditoría (1998-2007), gerente de Auditoría
en la contraloría de La Paz (2010-2012) y subcontralor de Auditoría Externa en Autonomías
Constitucionales (2012-2017).
Además,
ejerció labores en el Ministerio de Gobierno durante tres años (2007-2010) en
el cargo de Jefe Auditor y en la Vicepresidencia del Estado (2018-2021) en el
mismo cargo.
Es
licenciado en Auditoría Financiera, Técnico Superior en Contaduría y tiene un
diplomado en Educación Superior.
El
postulante Armando Arce Balcazar es Auditor
Financiero y Contador Público. Durante los últimos 18 años (2004-2022) realizó
auditorías internas en la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. En 2003,
supervisó auditorías en el Ministerio de Servicios de Obras Públicas y de 2002
a 2003 fue tesorero del Servicio de Aeropuertos Bolivianos. Además, de 1997 al 2000
ofreció diferentes servicios de auditoría en instituciones públicas y privadas.
En su hoja
de vida no demostró tener experiencia en recuperación de bienes del Estado,
pero ofreció asesoramiento a empresas como la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Pio X, Colegio Departamental de Auditores de Cochabamba.
Hasta el
2002 dictó clases en la Universidad de Chuquisaca, Universidad Adventista de
Bolivia y la Universidad del Valle en temas relacionados a la auditoría
financiera.
El
postulante Sixto Cecilio Mendoza Patty
es titulado en Derecho de la UPEA y egresado en Comercio Internacional.
Durante
los últimos 10 años apoyó en “trámites en personalidades jurídicas obtenidas de
organizaciones sociales, territoriales, asociaciones, fundaciones”. Del 2012 a
2021 también fue el presidente de la Federación Departamental de Productores
Agropecuarios de La Paz.
Si bien en
la convocatoria señala que para el cargo pueden presentarse profesionales de
las áreas de Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas y Comerciales,
Auditoria, Contaduría Pública o Derecho, Mendoza no mostró tener experiencia en
casos de auditorías públicas.
El
candidato Gustavo Morejón Ignacio actualmente
es docente emérito (1994-2022) de tiempo completo en la Universidad Técnica de
Oruro (UTO) y fue director de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y
Administrativa (2015-2017). Antes de dar cátedra universitaria, ejerció
diferentes cargos en al área municipal.
En 1986 se
tituló de Auditor Financiero, en 1999 obtuvo una maestría en Auditoría y Control
Financiero y es candidato a un doctorado en Contabilidad y Auditoría.
Habla los
idiomas además del español, quechua e inglés.
El
candidato Edgar Luis Cayujra Barreto también
se tituló en Derecho de la UMSA en 1996 y se especializó en Derecho Empresarial
y Lucha Contra la Corrupción. En la actualidad trabaja en la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
En 2019
trabajó en la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), además pasó por el Ministerio de
Justicia (2017-2018) casi con el mismo cargo, así como por el Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (2009). De 2004 a 2005
ejerció la abogacía libre.
El
postulante Rómulo Cahuana Choque
figura como funcionario de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información en Bolivia, declaró en enero de 2021 que tiene activos por Bs
106.921, cero deudas, y rentas por Bs 2.879.
Fue
responsable de Contabilidad y Tesorería del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (2017), vicecónsul de Bolivia en Cuzco, Perú (2016), encargado de
Tesorería del Ministerio de Justicia (2012), director general de Planificación
de la Cancillería de Bolivia (2009-2010) entre otros cargos públicos.
Se tituló
de la carrera de Auditoría Financiera de la UMSA y es magister en
Administración de Empresas.
Tercer grupo de entrevistados
(viernes)
La
candidata Ana María Chuquimia Quispe
se tituló de la UMSA como Auditora Financiera en 1994 e ingresó a la Contralaría
General de la República como becaria en 1995 y prácticamente desarrolló su vida
laboral y especialización en esa institución del Estado durante los últimos 27
años, actualmente ocupa el cargo de gerente de Auditoría.
Declaró en
marzo de 2022 que tiene activos por Bs 560.672 y rentas por Bs 150.488.
El
postulante Jaime Loayza Tapia ofreció
sus servicios de Auditor Financiero a las diferentes instituciones públicas y
privadas bajo la firma de AconsulM, Auditores&Consultores Multidisciplinarios
(1996-2022), por ejemplo, su último cargo fue gerente de auditoría en la
alcaldía de San Juan y antes de eso estuvo con el mismo cargo en el Gobierno
Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas en Santa Cruz.
El
profesional es licenciado en Contaduría Pública, tiene una maestría en
Auditoría y Control de Gestión y obtuvo otras especialidades y certificados de
participación en el área financiera.
Gran parte
de su vida profesional, Miguel Ángel
Marañon Urquidi la dedicó al Ministerio de Economía, de 2007 a 2021 fue
analista presupuestario de Entidades Territoriales Autónomas. En octubre de
2021 declaró que tiene dos bienes en su poder, activos por Bs 750 y deudas por
54.200.
Es
licenciado en Economía y tiene varios diplomados en el campo de la Economía y
la Evaluación de Proyectos.
La
candidata María Teresa Valdez De Candia
es directora nacional de Administración y Finanzas del SEGIP (2021-2022), fue
vicecónsul de Bolivia en Washington DC (2018-2020), directora general de
Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia (2012-2016), gerente
principal de Auditoria Externa de la Contraloría General de la República
(2001-2006). Inició su profesión como oficinista y pasó por diferentes cargos
públicos.
En su
declaración jurada, de abril de 2022, reveló que tiene cinco bienes, activos
por Bs 62.402 y rentas por Bs 299.632. Se tituló como Auditora Financiera de la
UMSA y prepara su tesis de maestría en desarrollo humano sostenible.
Edino Claudio Clavijo Ponce es el tercer abogado que se
presentó a la elección y designación de la Contraloría General del Estado.
Según su declaración jurada, de junio de 2022, tiene tres bienes en su poder,
activos por Bs 12.000, cero deudas y rentas por Bs 239.000.
Durante
los últimos 10 años trabajó en la Contraloría y actualmente está con el cargo
de subcontralor de Servicios Legales. En la misma institución también ocupó el
cargo de gerente principal de Servicios Legales (2011-2012), otra vez en Servicios
Legales y Supervisor (2007-2010).
Participó
en procesos de investigación que facilitaron la recuperación de bienes o
recursos del Estado, por ejemplo, en uno de los casos se rescató $us 16
millones para el país que quedó establecido en el Decreto Supremo 1255 (2012).
Entre
tanto, Mary Emilia Morales Velásquez es
licenciada en Auditoría, master en Educación Superior y cuenta con diplomas
académicas obtenidas de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.
La
profesional actualmente figura como parte del Gobierno Autónomo Municipal de
Potosí y según su declaración jurada, de enero de 2022, tiene un bien en su
poder, activos por Bs 106.262, deudas por Bs 875.571 y rentas por Bs 284.424.
Sin embargo, en su hoja de vida dijo que su cargo actual es docente titular de
la carrera de Auditoría de la Tomás Frías.
Los cargos
que desempeñó en el sector público, entre 1977 y 2021 son: Auxiliar de Contabilidad
en Servicios Eléctricos de Potosí (1977); Contadora en la empresa
Volatilizadora Careaga Hermanos (1979); Auditora en la Contraloría
Departamental de Potosí (1988-1994); auditora interna en la gobernación
potosina (1999-2006 y 2010-2015); y directora de auditoría interna de la
Alcaldía de Potosí (2015-2021).
Por
último, Filomena Ingala Callex actualmente
funge como jefa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural (2020-2022). En su hoja de vida precisó que tiene
19 años de experiencia en el campo de la auditoría; sin embargo, renunció a 10
de 13 puestos de trabajo que ocupó en las instituciones del Estado.
Durante su
declaración jurada, de marzo de 2022, dijo que tiene en su poder dos bienes,
cero activos, pasivos por Bs 72.000 y rentas por Bs 220.454.
Ella es
licenciada en Auditoría Financiera y cuenta con tres diplomados en Derecho
Administrativo, Educación Superior y Auditoría Operacional.
/DPC/