La Paz, 27 de julio de 2026 (ANF). – Flexibilización normativa, deficiencias en la fiscalización de la importación y falta de infraestructura fueron los tres factores que identificó la comisión especial de investigación de la Cámara de Diputados como determinantes en el ingreso y distribución de gasolina contaminada en el país, situación que afectó a miles de motorizados.
"El ingreso, internación y posterior comercialización de gasolina desestabilizada en territorio boliviano no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas", señala parte del informe al que accedió la ANF.
La comisión especial de investigación sobre el combustible contaminado entregó su informe final el 11 de junio a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su consideración. Sin embargo, el contenido del documento recién se conoció la semana pasada y está previsto que sea analizado por el pleno en una próxima sesión.
El primer hallazgo establece que los decretos supremos 5218 y 5313 eliminaron el candado técnico-legal de la homologación previa por parte del IBNORCA, debido a que la importación pasó a sustentarse en informes de ensayo o certificados de origen sin validación nacional. Según la comisión, el Estado renunció a la garantía de que el producto fuera apto y estable para las condiciones del país.
En ese sentido, recordó que el Decreto Supremo 28419, promulgado en 2005, exigía que el certificado de calidad estuviera obligatoriamente homologado por el IBNORCA al momento de solicitar la autorización de importación.
En cambio, el Decreto Supremo 5313, promulgado en enero de 2025, permitió tramitar las autorizaciones presentando únicamente certificados de calidad sin homologación nacional, certificados de ensayo o informes de ensayo simples.
Asimismo, el Decreto Supremo 5218, promulgado por el gobierno de Luis Arce en 2024, sustituyó la declaración jurada que debía presentar el importador ante un juez en materia civil por una declaración administrativa emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El segundo hallazgo señala que la ANH priorizó el abastecimiento de combustibles por encima de los controles de calidad y la seguridad técnica. De acuerdo con el informe, emitió resoluciones de importación a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), relegando el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad.
Finalmente, la comisión concluyó que la ANH, en su condición de ente regulador, redujo sus exigencias a un "análisis básico", útil únicamente como control de tránsito inmediato, pero insuficiente para evaluar la composición química y el grado de degradación del combustible. En consecuencia, no se consideraron parámetros como la estabilidad a la oxidación y el contenido de gomas, lo que impidió detectar que el combustible importado se descomponía rápidamente antes de llegar al consumidor.
Los responsables
Por otra parte, el informe identifica a los presuntos responsables a lo largo de la cadena de importación, distribución y control del combustible.
Por la flexibilización normativa, apunta a autoridades del Gobierno nacional, entre ellas el expresidente Luis Arce y los exministros de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli.
Por omisiones en la fiscalización, responsabiliza a los exdirectores de la ANH Germán Jiménez, Joel Callaú y Margot Ayala, además de exjefes de área.
Por incumplimientos técnicos y vacíos regulatorios, señala a los responsables de los distritos y de la Dirección de Biocombustibles.
Finalmente, por la internación de combustible inestable, el informe responsabiliza a YPFB y a sus principales autoridades, entre ellas Armin Dorgathen, Yussef Akly y otros funcionarios.
Parte del informe de la comisión especial de investgación de la Cámara de Diputados. Foto: ANF
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