Sucre, 13 febrero (ANF).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), a través de su directora del Programa Cono Sur y Bolivia, Maria Noel Leoni advirtió, que la violación de derechos en contra de defensores y defensoras de los Derechos Humanos (DDHH) y los recursos naturales ha llegado desde gobiernos de derecha y de aquellos denominados progresistas de izquierda, y que el 60% de los asesinatos y casos extremos de violencia a nivel mundial se concentraron en América Latina.
“Seguimos con muchísima preocupación no solo los episodios más graves de violencia, sino las amenazas a personas defensoras que en general preceden todos estos episodios y nunca son investigados, y los Estados pierden la posibilidad no solo de penar a los responsables y de proteger a las personas defensoras, sino de prevenir (…). Es un problema de la región, de los gobiernos de derecha, de los progresistas y no progresistas”, afirmo a ANF.
La experta uruguaya llegó a Sucre para participar como expositora en el seminario internacional: “Las obligaciones internacionales de Bolivia de garantizar los derechos de las personas defensoras y los pueblos indígenas”, que se desarrolla en paralelo al 171 periodo de sesiones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la capital constitucional de Bolivia.
“Hay muchísimos casos en la región de asesinatos, desplazamientos forzados y un sistema más amplio de criminalización estigmatización, represión a la protesta social que son y que están ocurriendo en la región (…). Solo el 2017 el 60% de los asesinatos que ocurrieron en el mundo de personas defensoras de los derechos humanos ocurrieron en este continente y eso marca claramente la gravedad de esta situación y la necesidad de seguir reclamando a los Estados que cumplan sus obligaciones”, aseveró.
Recordó que las obligaciones que tienen los Estados son las mismas en materia del respeto y promoción de los derechos humanos, y que por tanto, las exigencias que se deben hacer desde los movimientos sociales y la sociedad civil son las mismas a cualquier tipo de gobierno. “Es importante estar atentos desde la sociedad civil a entender las fuerzas, factores y cambios políticos y económicos que están haciendo puja en toda esta ola de violencia”, dijo.
La investigadora del Cejil señaló que las personas defensoras de los derechos humanos son el motor de las democracias, fortalecen el Estado de derecho y cumplen un rol fundamental en defender los derechos de las personas más vulneradas, pero también en promover sociedades más garantistas.
Dijo que a pesar de la normativa que reconoce a los defensores de derechos humanos, estas personas enfrentan muchísimos obstáculos diariamente para desarrollar su labor que incluyen desde serias amenazas a su vida y a su integridad.
“Los Estados tienen obligaciones muy amplias respecto a las personas defensoras con estándares muy altos y esa protección que debe ir desde abstener a funcionarios y agentes estatales de la justicia, del Ejército, la Policía, a criminalizar la protesta, pero también tienen obligaciones de prevenir todas estas a través de la regulación, legislación y promoción de una cultura de no violencia”, afirmó.
Destacó frente a los desafíos de los y las defensoras de los derechos humanos, el poder que tiene la sociedad articulada que funciona como la principal protección de organizaciones, activistas y defensores de sus territorios y recursos naturales. “Desde el Cejil nuestro rol ha sido acompañar las luchas y reclamos de organizaciones que han sufrido las peores violaciones en nuestros países a lo largo de muchos años”, manifestó.
En todo este contexto dijo que uno de los comunes denominadores en la lucha social es la defensa de los territorios indígenas frente a intereses económicos corporativos.
“Hay Intereses económicos pujantes que empujan a las y actores estatales de actuar a favor de transnacionales en detrimento de personas que trabajan en el medio ambiente. Hay luchas históricas en nuestro continente por la explotación de recursos naturales que puso en especial vulnerabilidad a pueblos indígenas que velan por poder vivir con sus recursos y su tradición”, sostuvo.
El seminario internacional fue organizado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Universidad Católica Boliviana UCB-San Pablo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejis), Amazon Frontlines, el Colegio de Abogados de Chuquisaca y la Coordinadora Nacional de Defensa de Teritorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas.
/JMC/FC/
