La Paz, 18 de enero de 2023 (ANF).- El 30 de diciembre, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue encarcelado en el penal de Chonchocoro, desde ese día, se instalaron vigilias de al menos cuatro grupos, también cavaron una zanja. Son actos de hostigamiento y amedrentamiento para el privado de libertad, sostiene el abogado Franco Albarracín
“Es un hostigamiento, son acciones que no están enmarcadas en la ley, no son protegidos al derecho a la protesta porque en su mayoría no son pacíficas, porque impedir las visitas de sus familiares es un acto ilegal. Amedrentar, insultar, hostigar es un acto ilegal, porque el privado de libertad ya está restringido de sus derechos, no es necesario que aumenten otro tipo de acciones que puede implicar más sufrimiento en contra de la persona”, sostuvo el especialista en materia de Derechos Humanos.
Precisó que incluso puede tratarse de un acto de “tortura psicológica, (esto) es grave”, porque además la Policía para evitar estos hechos que violan los derechos del privado de libertad, en este caso de Camacho y de sus familiares.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre, es investigado por el caso denominado golpe I, de 2019. Dos días después, fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, ubicada en el municipio de Viacha, por cuatro meses.
El 3 de enero de este año, una delegación conformada por los denominados Ponchos Rojos, afines al Gobierno, llegó hasta el penal supuestamente para exigir “justicia” y una pena máxima para el gobernador cruceño.
El grupo conformado por hombres y mujeres no solo se quedaron en el lugar, sino que de forma agresiva chicotearon a otras personas que pretendían visitar al gobernador. Se quedaron en vigilia impidiendo que familiares, amigos y sus abogados ingresen al centro penitenciario.
“Los Ponchos Rojos no tiene ningún tipo de razón, ni motivo para realizar acciones de protesta, las acciones ejecutadas podrían calificarse como ilegales. Incluso debió investigarse, no pueden cortar el acceso a los amigos, abogados y familiares de Camacho. Puede ser una actitud ilegal, grupos para-policiales, estos grupos organizados que se atribuyen funciones de la Policía, no son policías para administrar, para decir quien entra o no”, argumentó el jurista.
El 9 de enero, pobladores de las zonas aledañas a Chonchocoro cavaron zanjas y dejaron promontorios de tierra para bloquear el camino de acceso hasta el centro penitenciario, con el objetivo de evitar que los vehículos ingresen y salgan del lugar.
“La Policía y el Ministerio Público tienen la obligación de asegurar el bienestar tanto físico como psicológico del privado de libertad, y garantizar que los familiares, amigos y abogados no sean hostigados o amedrentados en puertas de la cárcel. Y no permitir que ocurran este tipo de acciones porque de hecho constituye en violación de derechos humanos que podrían ser llevados hasta estrados internacionales”, explicó el jurista.
Luego, el 11 de enero otro grupo de vecinos de la ciudad de El Alto llegó hasta el ingreso del penal de máxima seguridad para exigir justicia por la crisis de 2019.
El abogado explicó que estos grupos de persona está siendo manipulados y mal informados porque no hay un indicio fehaciente de la participación de Camacho en estas denuncias en su contra.
“No existen indicios ni siquiera una investigación real de la participación real o intelectual de las masacres de Senkata, ni el informe de la Fiscalía, ni en las imputaciones. Las víctimas están siendo mal informadas y manipuladas. Estos grupos deberían ser controladas por las autoridades. Más allá de que Camacho está detenido, la Policía debería garantizar sus derechos de él, de los familiares y abogados, si Camacho ya está detenido, ya constituye una restricción a sus derechos”, indicó.
También llegaron campesinos del norte de Potosí supuestamente autoconvocados por los hechos de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció al cargo en medo de una crisis política de grandes proporciones.
Este miércoles llegó otra organización de Cochabamba, uno de sus miembros manifestó que están en alerta y constante vigilia exigiendo 30 años de cárcel para el gobernador de Santa Cruz.
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