La Paz, 19 de diciembre (ANF).- Por los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, Evo Morales no podría ser candidato en las elecciones de 2019. Pero un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el 28 de noviembre de 2017, reconoció la reelección indefinida como un derecho, habilitándolo como aspirante a la presidencia.
El oficialismo no se dio por vencido e insistió por otra ruta para la habilitación de su “único líder” para las próximas elecciones. Recurrió al TCP que, en tiempo record, declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Régimen Electoral y dictó la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Con esta disposición a todo ciudadano que estaba limitando (por) la Ley (026) y la Constitución está justamente habilitando a esas personas para postularse, quien en definitiva elige es el pueblo”, justificó el presidente del TCP, Macario Cortez.
La decisión ha descolocado a la oposición que exige que el partido gobernante respete los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el MAS perdió la posibilidad de reformar el artículo 168 y habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos el 2019.
Pero el TCP ha ignorado el referendo del 21F. Entre sus argumentos no ha mencionado el evento que está directamente vinculado a la reelección del presidente y vicepresidente.
Para el TCP, la Convención Americana de Derechos Humanos es una norma que es más favorable con relación a los derechos políticos, por lo tanto, las autoridades no pueden ser limitadas en su aspiración de repostularse.
“La Constitución ya no será vista como Norma Suprema, y la soberanía ya no reside en el pueblo, sino reside en el palacio de Gobierno”, reflexionó el constitucionalista, Williams Bascopé.
Para contrarrestar este discurso, el oficialismo ha dicho que el referendo del 21F se ha cumplido, porque no se ha modificado la Carta Magna. No obstante Morales será candidato presidencial el 2019.
“Con el referendo se tenía que modificar la Constitución y como el pueblo no ha querido y nos ganó (con el No), ahora no se modifica la Constitución, sólo se interpreta la Constitución para aplicar la Constitución”, dijo el Mandatario tras las elecciones judiciales del pasado 3 de diciembre.
Bascopé señaló a ANF que el TCP no tiene competencia para anular el resultado del referendo del 21F, “Porque es vinculante y de cumplimiento obligatorio”, ni para interpretar un instrumento internacional como el Pacto de San José de Costa Rica.
Los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa; el exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, y los jefes de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, anunciaron que trabajarán en la construcción de una “alternativa de unidad y esperanza”.
Tildaron la sentencia del TCP como un “golpe a la democracia”, a la Constitución y a la voluntad del pueblo que se expresó rechazando la repostulación de Morales. Y para hacer frente a este hecho escogieron dos rutas: una política, sin hablar del tema electoral, porque no reconocen a Morales como futuro candidato; y, otra legal.
En el ámbito jurídico, los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo (UD) acudieron a la CIDH para denunciar al Gobierno, a los asambleístas del MAS y al TCP por violar el Pacto de San José de Costas Rica y buscar “perpetuarse en el poder”.
“Convierte a Bolivia en un país sometido al arbitrio del presidente Morales y burla la majestad de la Ley”, sentenció Mesa, que ha provocado que el oficialismo le exija que decida si sigue en la vocería o está en actividad política.
Macario Cortez, Ruddy Flores, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho y Virginia Andrade son los magistrados que avalaron el fallo, se atribuyeron dejar inaplicables artículos de la Constitución aprobada en un referendo el 2009 e ignoraron la victoria del 51,3% del referendo del 21F que le dijo No a la repostulación.
Morales empezó su mandato el 2006, fue a un revocatorio que ganó en 2009. Acudió al TCP para buscar habilitarse en las elecciones de 2014, el guardián constitucional avaló sus argumentos y el presidente y vicepresidente fueron nuevamente candidatos.
El analista político, Alberto García, tiene otra mirada, sostiene que más allá de la habilitación de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno “estamos frente a la modificación del régimen político de multipartidismo a bipartidismo o en camino hacia un partido hegemónico”.
Argumenta que la visión de los partidos políticos es “mantenerse en el poder” y todas sus estrategias están orientadas hacia ese objetivo.
Desde la sentencia del TCP, se han protagonizado protestas, sin que tengan un carácter permanente. En Santa Cruz se gestaron nuevos actores políticos de tendencia generacional y de mujeres que buscan liderar un movimiento de “resistencia” a la repostulación de los mandatarios. Paralelamente el oficialismo celebra y ya piensa en su binomio y en la campaña para hacer de Evo nuevamente presidente.
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