La Paz, 23 de abril de 2026 (ANF).- A más de seis años de la muerte de Julio Llanos, exdirigente de la plataforma de luchadores sociales y sobrevivientes de la dictadura militar, ocurrida como consecuencia de las agresiones sufridas en las protestas del 29 de octubre de 2019 por parte de afines al expresidente Evo Morales , el proceso penal continúa sin avances sustanciales y permanece en etapa preparatoria.
De acuerdo con información documentada por la Defensoría del Pueblo y proporcionada a ANF, el caso se encuentra marcado por demoras, omisiones fiscales y una persistente inactividad procesal.
Según la institución defensorial, el expediente presenta una situación jurídica fragmentada entre los siete implicados identificados. Dos de ellos, Félix L. C. y Leoncio C. V., fueron imputados formalmente el 30 de mayo de 2022 por el delito de homicidio en grado de complicidad. Sin embargo, mientras Leoncio C. V. fue notificado recién el 23 de mayo de 2024, la notificación a Félix L. C. continuaba pendiente hasta marzo de 2025, evidenciando serias falencias en la gestión procesal.
En contraste, el 3 de enero de 2025 se emitió una resolución de rechazo a favor de Edmundo Juan Carlos N. A. Para abril de 2026, la Defensoría del Pueblo solicitó información adicional para esclarecer los fundamentos de esta decisión y conocer los actos investigativos que la sustentan.
La situación es aún más crítica respecto a otros cuatro sindicados —Raúl E. F., Rodrigo M. Ll., René P. A. y Teodoro M.— cuya condición jurídica no fue precisada oportunamente. El fiscal a cargo del caso, Grover Calle Flores, llegó a señalar que desconocía el estado de estos investigados debido a la “mucha carga laboral”, lo que generó cuestionamientos por la falta de impulso procesal.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo ha intensificado sus acciones de seguimiento. Desde 2019, ha abierto casos de oficio y, ante la ausencia de respuestas, reiteró solicitudes de informe al Fiscal Departamental de La Paz en febrero de 2026. Posteriormente, el 10 de abril, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal la emisión de un control jurisdiccional para garantizar el cumplimiento de plazos y evitar mayores dilaciones.
El 15 de abril de 2026, dicha instancia judicial emitió el control requerido, en un intento por reencauzar el proceso. Asimismo, la Defensoría impulsó requerimientos ampliatorios para conocer las medidas adoptadas en la notificación de los imputados y los avances investigativos específicos en cada caso.
Pese a estas intervenciones, el proceso continúa sin resoluciones de fondo. Para la Defensoría del Pueblo, este caso refleja una preocupante falta de diligencia institucional que prolonga la incertidumbre y vulnera el derecho de las víctimas a la justicia, manteniendo en la impunidad un hecho ocurrido en un contexto de conflictividad social que aún exige esclarecimiento.
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