La Paz, 3 de octubre de 2023 (ANF).- Algunos exalumnos del colegio internado Juan XXIII arremetió este martes contra el provincial de la Compañía de Jesús, P. Bernardo Mercado SJ, contra quien se querellaron por ser presuntamente “autor por omisión” de los delitos de abuso sexual -que según denuncias- sucedieron hace décadas. La orden religiosa rechazó la querella.
Algunos exalumnos denominados “Juanchos”, este martes, pegaron una serie de carteles en el templo de la Compañía de Jesús que no es administrado por esta orden religiosa, sino que le corresponde a la Diócesis de Cochabamba.
El abogado José Luis Gareca cargó el peso de sus denuncias contra el Provincial de los Jesuitas, a quien señala con la figura de “autor por omisión”, de esta manera pretende responsabilizar de los delitos que son personales, a la orden religiosa.
Gareca reconoció que la orden religiosa podría decir que “como ya están muertos y el delito es intuito personae ya nada se puede hacer y el delito prescribe”. Según la legislación boliviana, los delitos penales son personales. Varios de los sacerdotes mencionados han fallecido.
Sin embargo, el jurista insistió en atribuir a la máxima autoridad ejecutiva de la Compañía la figura de “autor por omisión”, es decir que le hacen responsable de los delitos de “violación, abuso sexual, estupro y todo lo relacionado a las violaciones en calidad de autor”.
Aunque como el mismo abogado dice, para ese entonces cuando presuntamente sucedieron los hechos denunciados, el sacerdote Mercado ni siquiera había nacido. “Decir que el provincial de la Compañía de Jesús, es el autor, lo denunciamos como autor, ‘él dirá yo ni nací, yo no sé’. Es autor por omisión porque tenía una responsabilidad”, señala Gareca.
El grupo de exalumnos colocó enormes fotografías de los sacerdotes en la reja del templo, incluso las fotografías de quienes están vivos y están asumiendo su defensa en el marco de las normas en las que como cualquier ciudadano se presume su inocencia.
También colocaron una gigantografía con las fotos de los exprovinciales y/o exdirectores del Juan XXIII, identificaron su paso por años, pero no describieron los supuestos delitos de los que son investigados por el Ministerio Público.
El abogado dijo que las víctimas que se querellaron estaban representadas en los puntos rojos de la gigantografía que mostraron, que testimoniaron y estarán en todo el proceso; y que los puntos azules eran las “víctimas” que no están dispuestas a presentarse en todos los actuados del proceso.
Asimismo, dijo que el bloque de constitucionalidad señala que por el delito de lesa humanidad “lo convierte en autor”, refiriéndose a los exprovinciales de la orden religiosa y a los exdirectores del Juan XXIII, que en ese entonces cuando hubieran sucedidos los hechos no asumieron acciones y que se podía frenar en el futuro otros hechos.
Gareca argumentó que en derechos humanos priman los convenios internacionales, y que el Estatuto de Roma establece que los delitos sexuales se convierten en delitos de lesa humanidad, por lo tanto, no prescriben. “Y los delitos de lesa humanidad convierten a los cómplices en autores”, justificó de esa manera la decisión de querellarse contra Provincial de la Compañía.
La Compañía de Jesús rechazó la acción judicial y considera que no tiene sentido
La Compañía de Jesús, luego de haber conocido esta acción judicial en su contra por algunos exalumnos del colegio Juan XXIII, rechazó de manera enfática la atribución de responsabilidad que pretende afectar a la institución, asegura que los delitos que pudieron cometer algunos jesuitas son atribuidos íntegramente a ellos y la orden religiosa “será la primera en propiciar que las posibles sanciones, sean aplicadas sin ningún tipo de privilegio”.
“En cuanto a los delitos denunciados, tal y como establecen nuestras leyes, son de índole personal y estas responsabilidades individuales deben ser investigadas, determinadas y sancionadas por la Justicia conforme al Estado de derecho y el ordenamiento jurídico del país”, señala un comunicado de la Compañía de Jesús.
“Por tanto, los delitos que pudieran haber cometido algunos jesuitas son de íntegra responsabilidad de ellos mismos y la Compañía de Jesús en Bolivia será la primera en propiciar que las posibles sanciones que merezcan, sean aplicadas sin ningún tipo de privilegio".
La Compañía de Jesús señaló que “no se ve ningún sentido a la demanda judicial presentada contra la institución”, y ha reafirmado que su deber institucional está siendo cumplido y garantizado, con la prioridad de que las víctimas encuentren justicia.
Asimismo, señaló que ha demostrado en todo momento una política de absoluta transparencia y colaboración con las investigaciones que conduce el Ministerio Público, presentando de manera directa tres denuncias documentadas, además de animar y acompañar a víctimas de abuso a presentar las suyas.
Igualmente, la institución ha presentado cuanta información y documentación le fue requerida, incluso cuando consideró que se estaban cometiendo excesos en los actos investigativos como una seguidilla de cuatro allanamientos realizados en un solo día. Lo hizo sin formular reclamo oficial alguno, siempre con el criterio de favorecer las investigaciones.
Desde que se conoció la denuncia contra el sacerdote Alfonso Pedrajas en el mes de mayo, la institución está apoyando activamente a las víctimas de casos de pederastia presunta o verosímilmente cometidos en décadas pasadas por miembros de la institución, atendiéndolas a través de su Centro de Escucha y Atención; que ha brindado y continúa ofreciendo apoyo psicológico y terapéutico a las víctimas que se han comunicado con esta instancia, apoyándolas también con un asesoramiento legal que se ha traducido en la presentación de 5 denuncias formales ante el Ministerio Público, tres contra jesuitas y dos contra otros clérigos, se lee en el comunicado.
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