La Paz, 1 Jul. (ANF).- El viceministro de Política Minera, Eugenio Mendoza, reconoció este martes que el decreto que se viene elaborando para frenar el avasallamiento de minas, no solucionará el problema en su integridad, aunque señaló que la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM) deberá gestionar y revertir la toma ilegal de yacimientos mineros.
Mendoza afirmó que el proyecto de decreto está en su versión preliminar y pretende luchar de manera frontal los avasallamientos y la minería ilegal que es “casi una rutina”.
Consultado Mendoza si la nueva norma legal pretende frenar en un 100% los avasallamientos, este respondió: “No, es difícil eso, es difícil decir el 100 por ciento pero si se va a mitigar y esperamos que no haya mucha inquietud para hacer este tipo de actividades”, contestó.
La autoridad volvió a ser consultado si la Ley de avasallamiento funciona o no, este dijo: “No está funcionando, no está funcionando y hay demasiada lentitud”, afirmó.
El presidente de Federación Regional de Cooperativistas Auríferas (FERRECO) de La Paz, Edmundo Polo, afirmó el 24 de marzo que la Ley contra la toma ilegal de centros mineros es un “saludo a la bandera”, toda vez que continúan registrándose esta ilegalidad en las áreas de trabajo, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones privadas.
En ese sentido informó que el Viceministerio de Política Minera, en el marco de su competencia espera que hasta septiembre, se apruebe la nueva norma que busca la explotación minera ilegal.
“El gobernó está viendo preocupado por los resultados que se están logrado sobre la lucha contra el avasallamiento, lamentablemente esa norma no está siendo aplicada, no puede ser aplicada porque tenemos problemas con la Fiscalía”, sostuvo.
Recordó que el delito del avasallamiento de minas está incluido en el Código Penal, pero que es un procedimiento “muy lento” porque la Fiscalía tiene que hacer una serie de trámites. El decreto pretende establecer un procedimiento ágil de tal manera que en la medida en que ocurra el avasallamiento, todas las autoridades encargadas de hacer la lucha frontal contra la minería ilegal actúen en forma oportunidad y rápida.
Según el Viceministro la norma permitirá la devolución de los yacimientos a los concesionarios legalmente establecido. “Es una autorización transitoria especial que le otorga un derecho que nosotros tenemos que revertirle y devolverle a la actividad que se ha comprometido hacer”, precisó.
El presidente Evo Morales promulgó la Ley 367 el año anterior que incorpora el delito de "avasallamiento" dentro del Código Penal y que establece una condena de entre cuatro y ocho años de privación de libertad para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen minerales sin autorización de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
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