La Paz, 5 de mayo de 2026 (ANF).- El Gobierno proyecta titular más de 150.000 viviendas durante la gestión 2026 como parte de una estrategia que denomina “revolución del derecho propietario”, orientada a reducir una deuda histórica en el acceso a la propiedad formal en Bolivia, informó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Bellot, durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
La autoridad explicó que más del 50% de las viviendas en ciudades capitales carecen de derecho propietario, una situación que limita el acceso a servicios financieros, debilita la seguridad jurídica y restringe el desarrollo urbano. Frente a este panorama, el Ejecutivo plantea un conjunto de medidas estructurales que combinan regularización masiva, innovación tecnológica y reformas normativas.
El eje central es el Programa de Titulación Masiva, que busca beneficiar a más de 150.000 ciudadanos que accedieron a viviendas sociales desde 1956, pero que nunca lograron consolidar legalmente la propiedad de sus inmuebles. Según Bellot, esta regularización permitirá no solo garantizar seguridad jurídica, sino también dinamizar la economía, al habilitar el acceso a créditos hipotecarios y otros instrumentos financieros.
En paralelo, el Gobierno prevé la devolución de aproximadamente 37 millones de bolivianos a más de 72.000 personas que aportaron a antiguos esquemas de vivienda, como el Fonvis, sin haber recibido beneficios. A esto se suma la condonación de deudas vencidas e incobrables, una medida destinada a cerrar ciclos administrativos pendientes y facilitar los procesos de titulación.
El impacto económico de estas acciones, de acuerdo con el Viceministerio, podría ser significativo. La regularización de hasta 1,5 millones de viviendas en el país permitiría ampliar la base tributaria y duplicar los ingresos propios de los gobiernos municipales, además de impulsar el mercado inmobiliario y el acceso al crédito.
Otro componente clave de la estrategia es la implementación del Sistema de Minutación Segura, una herramienta tecnológica diseñada para reducir errores y prevenir fraudes en la compraventa de bienes inmuebles. Este sistema permitirá a los abogados generar minutas utilizando datos interoperables del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), minimizando fallas de transcripción que actualmente afectan a más de la mitad de estos documentos.
Asimismo, cada predio contará con un código QR único, lo que permitirá verificar su autenticidad y evitar prácticas como la doble venta. La trazabilidad de las transacciones, aseguró Bellot, fortalecerá la confianza en el sistema registral y reducirá los riesgos de estafa.
En el ámbito institucional, el informe destaca una reestructuración de entidades bajo tuición del Viceministerio. La Agencia Estatal de Vivienda encara una transformación orientada a reducir tanto el déficit cualitativo —que afecta a cerca de dos millones de viviendas— como el cuantitativo, estimado en 300.000 unidades.
En tanto, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) será refundada mediante un nuevo decreto supremo, con el objetivo de superar antecedentes de corrupción y reactivar obras paralizadas, respaldada por un presupuesto superior a los 1.000 millones de bolivianos.
Finalmente, Bellot anunció la preparación de un paquete de reformas legales que será presentado en el segundo semestre de 2026. Este incluirá la primera Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Catastro y la Ley de Hábitat y Vivienda, además de un sistema de interoperabilidad entre instituciones como Derechos Reales, RUAT, SEGIP y colegios profesionales.
Como complemento, se prevé la creación de un Observatorio Urbano, que permitirá contar con datos actualizados para la planificación y gestión del desarrollo urbano en el país.
/FC/
Articulo sin comentarios
