La Paz, 8 de mayo de 2025 (ANF).- La Fundación Jubileo reveló en un reciente estudio que Bolivia depende en un 80% de los hidrocarburos para satisfacer su demanda energética, un modelo insostenible que enfrenta graves desafíos ante la caída de la producción nacional y el aumento de las importaciones.
Los datos, basados en el Balance Energético Nacional 2023, destacan que el diésel (25,5%), el gas natural (24,9%) y las gasolinas (22%) son los combustibles más consumidos, principalmente en el sector transporte (56%), seguido por los sectores industrial y residencial.
La situación se agrava por la declinación de la producción de gas natural, que ha caído un 53% desde 2015, y de hidrocarburos líquidos, con una reducción del 60% en el mismo periodo. Esto ha obligado al país a importar el 90% del diésel y el 58% de la gasolina en 2024, generando una fuga crítica de divisas en un contexto de escasez de dólares.
El informe advierte que, de no descubrirse nuevos yacimientos, Bolivia deberá importar gas natural a partir de 2028, lo que plantea un dilema: venderlo a precio real o subsidiar su costo, con implicaciones fiscales y sociales. Además, la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), esencial para los hogares, está en riesgo por la menor exportación de gas a Brasil (-55%) y la pérdida total del mercado argentino.
La subvención a los combustibles es otro problema estructural. El Estado cubre dos tercios del precio real de la gasolina y el diésel, un esquema insostenible que ha costado millones de dólares y distorsiona el mercado. Jubileo propone eliminar o focalizar estos subsidios, priorizando a los sectores vulnerables, y liberalizar la importación y comercialización para atraer inversiones privadas.
En el ámbito eléctrico, la dependencia del gas natural es alarmante: el 66% de la generación proviene de termoeléctricas, mientras que las energías renovables no convencionales (eólica, solar) apenas aportan el 7%. El documento sugiere reequilibrar la matriz con proyectos hidroeléctricos medianos y pequeños, y avanzar hacia una transición energética justa.
Entre las medidas urgentes, el informe destaca la necesidad de una nueva política energética que incluya: Transparencia en subsidios, es decir, definir criterios claros para su aplicación o eliminación; inversión en renovables, con la priorización de proyectos hídricos, solares y eólicos; y, reforma legal, para actualizar las leyes de hidrocarburos y electricidad para incentivar al sector privado.
La Fundación Jubileo enfatiza que la crisis requiere acciones inmediatas y coordinadas para evitar un colapso energético que afectaría especialmente a los más pobres. El informe concluye señalando que el modelo actual no es viable y que se debe diversificar la matriz y reducir la dependencia de recursos no renovables.
/ANF/
Articulo sin comentarios
