La Paz, 29 de abril de 2024 (ANF). - Desde el 14 de marzo de 2023, Bolivia acumuló ocho evaluaciones negativas en el plano económico por parte de las calificadoras Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y la Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings. El último reporte fue la semana pasada, cuando la agencia Moody’s rebajó la apreciación de crédito de Bolivia de “Caa1 a Caa3” y alertó que el país no cumplirá con la deuda externa e importaciones por la falta de divisas.
Al respecto, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que estos resultados son producto de un elevado gasto público, déficit fiscal sostenido, el alto costo de la subvención de los hidrocarburos que agotaron las reservas internacionales del país.
“Las principales calificadoras de crédito, inversión y riesgo a nivel internacional han rebajado el rating de nuestro país debido a problemas estructurales de tipo fiscal, un gasto público elevado, déficit fiscal sostenido, subvenciones y un tipo de cambio fijo que agotaron casi al extremo sus reservas internacionales, ocasionando, junto a inadecuadas políticas monetarias, una escasez crítica de dólares americanos y un tipo de cambio paralelo caro. Las consecuencias como el debilitamiento del sistema financiero nacional y una mayor presión inflacionaria que poco a poco está contrayendo el poder adquisitivo del peso boliviano”, explicó a la ANF.
A pesar de esas calificaciones, el Gobierno continuó negando y rechazando los reportes que emitieron y sostuvieron que el crecimiento económico sería el más alta de la región. Sin embargo, el fin de semana el presidente Luis Arce admitió que el país ya no contaba con recursos económicos y que las reservas de gas se agotaron.
Las evaluaciones
En menos de dos semanas en marzo de 2023 se emitieron tres informes. El primero fue el 14 de ese mes, la Fitch Ratings bajó la calificación de Bolivia de B a “B-” y el informe señaló que esa reducción refleja el agotamiento de las reservas de liquidez externa, además se incrementó en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos.
Dos días después, la agencia Standard & Poor’s (S&P) emitió un informe señalando que las calificaciones soberanas de largo plazo de ‘B’ de Bolivia estaba en “revisión especial con implicaciones negativas”. Según el reporte esa situación reflejó un potencial incremento de la vulnerabilidad externa debido a la perdida de las reservas internaciones.
El 24 de marzo, la agencia Moody’s rebajó la calificación del país como emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de “B2 a Caa1”, donde observó la capacidad de Bolivia de cumplir con las deudas. En esa ocasión identificó tres factores: gobernabilidad débil, defensa insostenible del tipo de cambio y la caída de reservas internacionales líquidas.
El 19 de abril, la Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings bajó la calificación de la deuda soberana del país de “B a B-” por un deterioro de liquidez externa. El reporte señaló que los desacuerdos políticos en el Movimiento Al Socialismo (MAS) produjeron dudas sobre la capacidad del Gobierno de asegurar la aprobación de nuevos créditos en la Asamblea Legislativa. Incluso, la agencia advirtió que la calificación podría bajar en los próximos 12 meses si continuaba el estancamiento político.
El 30 de junio, Moody's cambió su perspectiva sobre Bolivia de "ratings en revisión" a "negativa" y lo posicionó en “Caa1”, si bien existía perspectivas de una mejor posición de liquidez externa a corto plazo, los desafíos crediticios persistieron, además de una disminución de las reservas y la producción en el sector de hidrocarburos.
El sexto reporte fue el 22 de noviembre, S&P Global Ratings rebajó sus calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de Bolivia, de “B- a CCC+” con una “perspectiva negativa” debido a una mayor vulnerabilidad externa. La agencia también bajó la calificación de corto plazo de ‘B’ a ‘C’.
El 6 de febrero de 2024, Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera de Bolivia de “B- a CCC” debido a la significativa disminución de las Reservas Netas Internacionales (RIN), que aumentó los “riesgos para la estabilidad macroeconómica y la capacidad de servicio de la deuda”.
A eso se suma el informe que emitió el banco internacional JP Morgan, el 8 de febrero, donde ubicó a Bolivia como el segundo país de la región más riesgoso para la inversión privada, después de Venezuela.
Al respecto, Romero consideró que a los factores económicos se suman los problemas políticos y sociales que se registraron en los últimos meses, Además, de los conflictos de ingobernabilidad en la Asamblea Legislativa debido a la pelea interna del MAS.
“Desde el 2023, los serios problemas de gobernabilidad identificados en el partido en función de gobierno que originaron inestabilidad política, conflictos sociales como paros y bloqueos, limitación a créditos externos, incertidumbre dentro y fuera del país, dieron como resultado un crecimiento económico reducido y que está empujando a una posible estanflación y una crisis de balanza de pagos, que se agudiza actualmente por la falta de divisas, por ejemplo, entre varias razones, por el déficit comercial vigente”. añadió.
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