La Paz, 8 de mayo de 2025 (ANF).- La pobreza rural en Bolivia sigue siendo un problema estructural, con más del 52% de la población en estas áreas viviendo en condiciones de pobreza, según un informe de la Fundación Jubileo basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La brecha entre zonas urbanas y rurales es marcada: mientras en las ciudades la pobreza moderada afecta al 30% de la población, en el campo alcanza al 52%, evidenciando desigualdades profundas en acceso a oportunidades y servicios básicos.
La pandemia de COVID-19 agravó la situación, revirtiendo avances logrados entre 2016 y 2019. En 2023, el 36,5% de la población nacional era pobre, con 4.46 millones de personas en esta condición, de las cuales 1.84 millones residen en áreas rurales.
La pobreza extrema es aún más alarmante. En el área rural, el 26,5% de la población no puede cubrir una canasta básica de alimentos, frente al 5,9% en zonas urbanas. Esto refleja una crisis alimentaria y de desarrollo humano.
El empleo informal perpetúa la pobreza, señala Jubileo. Bolivia tiene una de las tasas más altas de informalidad en Sudamérica (84,5%), según la OIT. Sectores como la agricultura registran un 90% de informalidad, limitando el acceso a la seguridad social y a la estabilidad económica.
La baja productividad agrícola y la falta de mercados son obstáculos clave para el desarrollo rural. Las actividades urbanas, como comercio y servicios, se recuperaron más rápido postpandemia, mientras el campo sigue rezagado.
La educación es otro factor crítico. El sistema educativo boliviano presenta graves deficiencias, con solo el 33% de estudiantes de secundaria aprobando lectura y un 3% en matemáticas, según el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa.
Estas limitaciones educativas condenan a los jóvenes a empleos precarios, perpetuando ciclos de pobreza intergeneracional, especialmente en áreas rurales con menor acceso a recursos pedagógicos.
La cohesión social también se resiente. Bolivia tiene un Índice de Cohesión Social del 53,3%, con baja confianza en instituciones (32,5%) y desigualdad en acceso a oportunidades, según el PNUD.
Mientras la inclusión social muestra avances insuficientes (59,7%) y persisten brechas en empleo, salud y vivienda. La informalidad laboral profundiza estas desigualdades.
La Fundación Jubileo destaca que la pobreza no solo es económica, sino también una falta de acceso a derechos fundamentales y participación en la sociedad.
Propuestas para reducir la pobreza incluyen invertir en educación de calidad, con actualización curricular y programas de tecnología para zonas rurales, así como reducir la deserción escolar.
En formalización laboral recomiendan incentivos fiscales para pequeñas empresas y simplificación de trámites, junto con políticas de diversificación productiva.
Además, los enfoques territoriales diferenciados son clave: adaptar estrategias a las necesidades de cada región, mejorar infraestructura rural y fomentar alianzas público-privadas.
El informe subraya que los programas asistenciales no son suficientes, que se necesitan políticas integrales que combinen crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad.
Señala que la crisis actual exige acciones inmediatas. Con un 11,9% de pobreza extrema nacional, se requieren medidas para proteger a los más vulnerables, como subsidios focalizados y apoyo a la agricultura familiar.
Identifica también que la falta de transparencia y gobernanza dificulta el progreso. Fortalecer la confianza en las instituciones y promover la participación ciudadana son pasos esenciales.
Jubileo enfatiza que sin cambios estructurales, como reformas educativas y laborales, la pobreza rural seguirá siendo un lastre para el desarrollo boliviano.
El llamado es a un pacto social que priorice a los sectores marginados, con políticas de largo plazo y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
El documento concluye que, pese a los desafíos, una Bolivia más equitativa es posible con voluntad política, inversión social y la articulación de todos los actores nacionales.
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