ABT acusa a exasesora jurídica de "desbaratar" operativos de desmonte ilegal

“Movilidades que iban a determinadas misiones por pedido de otra dirección a fiscalizar a recibir las denuncias o procesarlas, desde acá la asesora –que para mí es una pieza clave- Silenci Chore, asesora jurídica del Director Jurídico, esa señora llamaba por teléfono, hacía volver comisiones, estaba a la expectativa de quienes iban a San Ignacio de Velasco”, señaló en contacto con ANF.

Consultado si la asesora jurídica saboteaba los operativos de la ABT desde el interior de la institución respondió: “no solo saboteaba, es una palabra mayor, desbarata, impedía que llegue las comisiones a los lugares donde se daban las denuncias”.

Rocha también dijo que de acuerdo a los datos preliminares que surgieron de la auditoría jurídica en proceso, se identificó a un personaje “medio oscuro” de nombre Jorge Céspedes.

“Ocupaba el cargo de auxiliar de la Unidad Anticorrupción, pero era el encargado de viajar muchas veces a San Ignacio, ¿a qué viajaba?, ¡¿a extorsionar?, ¿a recoger la plata de la recaudación?, un funcionario medio y modesto con viajes permanentes, y entre lo que se dice, aparece de manera permanente”, señaló. 

Caso San Ignacio-menonitas

El director ejecutivo de la ABT, Cliver Rocha dijo a ANF que detrás del millonario caso de corrupción derivado de 2mil resoluciones falsas de deforestación que afectan a 22 mil hectáreas en el municipio de San Ignacio de Velasco, se teme que hay mucho más por develar.

“Estamos en ello, pero todavía no ha terminado la auditoría, lo que se ha sacado no sabemos si es todo (…). El hecho que ha sucedido en San Ignacio, hablamos de un caso paradigmático y por la magnitud y la forma estamos hablando que hemos encontrado 480 resoluciones truchas para 22 mil hectáreas”, señaló.

Apuntó como operador del hecho de corrupción al responsable de la ABT San Ignacio, René Sivila, quien no solo tendría nexos en toda la estructura de la ABT, sino también coordinación con externos, incluso miembros de colonias menonitas beneficiadas con las resoluciones falsas.

“Cuando digo que hemos encontrado a estas 22 mil hectáreas, no sabemos si es qué más hay o solo es esto (…). No sé si es la punta del ovillo, no sabemos qué más puede salir; presumimos que se reutilizaban las boletas de pago de patentes y multas, uno solo servía para cuatro o cinco y el dinero entraba a bolsillos privados”, manifestó. 

Entre 2015 y 2018, René Noel Sivila Céspedes, quien por entonces era el responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UOBT) de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, firmó y vendió 2.096 resoluciones para autorizar el desmonte ilegal de 22 mil hectáreas de tierras fiscales. 

Se estima que producto de estos hechos de corrupción se habría recaudado más de 6 millones de dólares con víctimas múltiples de estafa y extorsión, pero Rocha no se animó a cuantificar el daño económico y de otra naturaleza ocasionados a las tierras fiscales.