Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental para concientizar acerca de esta problemática en todo el mundo.
Según el Monitor Global de Salud (2022) de Ipsos, durante los últimos 5 años en Latinoamérica se ha registrado un aumento en la relevancia que le dan los ciudadanos a la salud mental. Seguramente más como efecto de las secuelas de la pandemia por SARS-CoV-2.
Actualmente en Bolivia la materia de salud mental no está resguardada por legislación de desarrollo. Tampoco es abarcada por el Sistema Único de Salud (SUS) que dispone el Art. 18.III CPE y la Ley 1152 de 2019, respectivamente. Generándose inseguridad jurídica e incumplimiento de deberes especiales.
De hecho, desde hace 17 años en Bolivia, ni los -asalariados- asambleístas plurinacionales ni la negligente “Sociedad Boliviana de Psiquiatría” (que debería tener vocación científica propositiva), tuvieron iniciativa para proyectar legislar materia de salud mental. Por lo que juristas, médicos independientes y familiares de pacientes con padecimientos mentales tuvimos que hacerlo en lugar de ellos, presentando un inédito Proyecto de Ley de Salud Mental (PLSM) en junio del año 2022.
Inicialmente debemos precisar que dicho PLSM fue elaborado y presentado en ejercicio de la iniciativa legislativa ciudadana, según permite el Art. 11.II num.1, Art. 109 de la CPE de 2009 Ccdt. Art. 7.1, Art. 116.a) del Reglamento General de la Cámara de Diputados. En marzo del 2023 lo expusimos ante los miembros del Comité de Salud, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados al cual recayó. Y semanas después, con recursos propios, lo “socializamos” en instalaciones de la Universidad Andina en Sucre junto a diferentes asociaciones de pacientes, familiares de estos, académicos y sociedades de profesionales del área. Invitándoles a que se apropien de la iniciativa legislativa.
Propósito que logramos. Porque tras nuestra presentación, la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, el Colegio Médico de Bolivia y otros recién se pusieron a trabajar un “Proyecto de Ley de Salud Mental Comunitario”. Aunque con una perspectiva menos rigurosa que el nuestro, que fue proyectado desde la experiencia del Derecho comparado argentino; y, sobre todo, tomando en cuenta las sugerencias del The Royal College of Psychiatrists británico sobre “La legislación en salud mental en Bolivia” (Aboaja Anne et al; 2015).
Empero, por ignorancia jurídica del personal administrativo de la deficiente Cámara de Diputados que obstaculizó su tratamiento aduciendo que “primero se debe contar con una Ley Marco que regule las iniciativas legislativas ciudadanas”. Se tuvo que recurrir al diputado sucrense Marcelo Pedrazas para que la volviese a presentar a fines de marzo de este año. Hasta la fecha, el Comité de Salud, Deportes y Recreación de Diputados no informa avance porque no le dan la prioridad que merece, provocando grave perjuicio a los sujetos objeto de regulación.
A continuación, podemos enunciar los siguientes objetivos de nuestro PLSM:
1) Resguardar el derecho de todas las personas a la salud mental, con énfasis en personas con padecimientos mentales; 2) Elaboración de un “Plan Nacional de Salud Mental" en el marco del “Plan de acción sobre salud mental” de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud; 3) La institución de un “Órgano de Revisión” presidido por la o el Director del Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco”, con sede en Sucre; 4) Legislar la figura de la internación involuntaria de personas como recurso terapéutico excepcional en caso de que no fueren posibles otros abordajes.
Finalmente, recordemos que nuestro PLSM busca asegurar el ejercicio del derecho a la salud mental de todas las personas (entiéndase pacientes y no pacientes porque TODOS TENEMOS DERECHO A LA SALUD MENTAL); y en especial, el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimientos mentales.
El autor es jurista
