AGUSTÍN ECHALAR ASCARRUNZ
Para un columnista esta es una semana con sobredosis de temas, la altisonante amnistía ofrecida a inocentes, la casi divertida llamada de atención del presidente Evo a Trump, quien seguramente ha resultado muy compungido por el jalón de orejas andino, y ni que decir el inefable Mar, que mañana tal vez llegue como tsunami hasta la entrada de la Casa Grande de Evo en La Paz.
Pero hay un hecho que vuelve todo lo arriba mencionado no mucho más que un ramillete de anécdotas, porque un inocente sigue en la cárcel, a pesar de haber una evidencia más que contundente de que su juicio es cualquier cosa menos justo.
Quienes siguen esta columna saben que esta ha sido una preocupación constante para quien la escribe, aunque, reconozco, no tuve el empuje suficiente como para hacer algo más efectivo a favor del Dr. Fernández, salvo adentrarme en el tema, visitarlo, y hablar con una de las abogadas que lo defiende, eso me convenció que realmente estábamos ante una atroz injusticia, y también que estábamos ante una situación de enorme indefensión, en parte por el carácter “en reserva” que tenía el proceso, y en parte porque estaba claro que el poder político había decidido encontrar un culpable para evitarse un desgaste a partir de un hecho tan sensible, y porque el perverso engranaje de la Fiscalía, y el de los tribunales terminó engullendo y triturando a un inocente.
La grabación de las declaraciones de la jueza Pacajes es un hecho posiblemente no tiene parangón en la historia mundial del derecho. Hay seguramente miles, cuando no millones de casos de prevaricato, hay injusticias aún mayores cometidas en sistemas de justicia más estructurdos, (aunque más brutales), inclusive con penas de muerte ejecutadas, pero que exista una confesión tan grosera y a la vez tan “pristina”, es simplemente único.
Este hecho tenía que haber llevado a un terremoto en el poder judicial, y por lo menos hasta el día viernes, casi nadie había perdido el peinado. Contrariamente a lo que algunos pudieran suponer, que la prensa es el cuarto poder, pese al espanto de la opinión pública, los jueces restantes, y los fiscales puestos en evidencia por la jueza alcoholizada han seguido impertérritos.
Decir que las aseveraciones de la jueza Patricia Pacajes, recogidas en una grabación, son una opinión personal, y que por eso no tomarlas en cuenta, es un despropósito por donde se le vea. Los jueces, al final de cuentas, juzgan de acuerdo a su punto de vista personal, sujetándose naturalmente a la ley, y ella ha dicho que el tribunal que ella presidía, ha dado un veredicto que no cumplía ninguna de las dos condiciones, ni estaba dentro del procedimiento legal, ni de acuerdo a su convicción íntima.
El sentido común exige dos acciones inmediatas en este caso, la primera, considerando el enorme daño causado a un inocente, su excarcelación inmediata, y la segunda, el apartamiento inmediato de todos los involucrados en el caso, fiscales y jueces, en realidad se debe empezar de cero.
Los bolivianos tenemos una deuda pendiente con Jiehry Fernandez, y debemos empezar a saldarla lo antes posible, los ciudadanos debemos presionar para reivindicar a este joven médico, los políticos deben tratar de evitar profitar de este caso, al menos mientras la víctima siga en esa especie de secuestro, que es estar injustamente encerrado en una cárcel. Y el poder Judicial tiene que actuar sin prepotencia, asumiendo sus visibles debilidades y culpas.
Esperemos que el próximo miércoles Jiehry Fernandez pueda pasar la noche entre los suyos, sino, aunque el tribunal de la Haya le dé toda la razón a Bolivia, no tendremos nada que festejar.
Agustín Echalar es operador de turismo.
