Bolivia vive hace décadas un proceso de guerra civil latente, en base a la acumulación de sucesos antagonistas en el largo período de gobierno de Evo Morales, y estas últimas semanas, luego del obstinado discurso acusatorio de un supuesto golpe de Estado que habría sufrido el ex mandatario, se instaló una polarización política por ostensibles actos de abuso de poder, en las detenciones realizadas sobre la ex presidenta Jeanine Añez, dos de sus ex ministros, jefes militares y activistas de la sociedad civil.
No es novedad que el gobierno a cargo del MAS, intente neutralizar a la oposición utilizando los aparatos represivos del Estado y los tentáculos del Ministerio Público. Por qué entonces se produjo tal irritación del estado de ánimo en la sociedad boliviana? Sucede que dichos apresamientos fueron realizados allanando domicilios y en la madrugada, lo cual además de violentar los DDHH de los detenidos, es ilegal e inconstitucional (salvo flagrancia en la comisión del delito). Esta situación es también irregular, pues como reconoció el Viceministro de Justicia, César Siles, no hubo notificación previa para tales aprehensiones. Asimismo, si se tratase de dirimir su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, laex mandataria debía ser procesada por la Asamblea Legislativa, mediante Juicio de Responsabilidades.
Y si se tratara de esclarecer los hechos que motivaron la renuncia y posterior huida del expresidente Morales, caso rotulado como “Golpe de Estado” hay abundante información en las hemerotecas y en la memoria colectiva reciente, sobre los hechos concretos e inocultables que protagonizó gran parte de la sociedad el año 2019. Ello nos remite inexcusablemente a un prologando paro cívico en los 9 departamentos, incluyendo cabildos masivos en las ciudades capitales, forma pacífica pero contundente de hacer sentir el rechazo a las ilegalidades e irregularidades develadas en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, recibiendo además de la brutal represión gubernamental, el saldo de dos muertos en Montero y Cochabamba, emboscadas con vejámenes y secuestros en Vila Vila, a un convoy de buses que transportaban estudiantes y mineros hacia La Paz.
Adicionalmente, el Informe de la OEA, realizado a petición formal del Estado Boliviano, concluía sobre severas irregularidades en dichos comicios. La tensión social no cesó con el anuncio de Evo Morales que anularía las elecciones –reconociendo implícitamente la existencia de fraude- y el pueblo movilizado se lanzó a las calles masivamente a pedir su renuncia. A dicho pedido se adhirió la COB en conferencia de prensa, asambleístas electos, diputados y senadores en ejercicio, y toda organización social representativa. Los militares al mando del Gral. Kalimán –militante del proceso de cambio dentro de las FFAA- y hombre de confianza de Evo Morales, le sugirieron que era aconsejable renuncie, en razón al gigantesco levantamiento popular sin precedentes en Bolivia.
Es preciso recordar que el 2019, Evo Morales era un candidato ilegítimo e ilegal: la Sentencia Constitucional 084/2017 que lo habilitaba era nula de pleno derecho, porque el Tribunal Constitucional indebidamente interpretó el Pacto de San José, potestad es exclusiva de la CIDH y porque confrontaba y modificaba de facto, artículos de la CPE, Antes, Morales y su gobierno habían desconocido el Referéndum de 2016 que consultaba al pueblo sobre la posibilidad de modificar la CPE para postularse nuevamente contra los límites establecidos en la norma constitucional.
¿Se aplicó la CPE en la designación de Añez o fue Golpe de Estado?
"La sucesión le tocaba a la bancada mayoritaria, ella violó el reglamento", aseveró el ex vicepresidente Alvaro García, en entrevista reciente, mientras que el ex presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, señaló que la presidencia del Ejecutivo debía recaer en Susana Rivero. Con tales opiniones desacertadas, contribuyen a crear mayor confusión, abonando a la teoría de Golpe de Estado, aunque sin asidero jurídico, como aclaramos:
El reglamento asigna la Presidencia y la Primera Vicepresidencia al bloque mayoritario, la Segunda Vicepresidencia para el bloque en minoría, cuando hay acefalía o ausencia en esos cargos, el reemplazo debe ocurrir entre la Presidencia y Vicepresidencia de la Cámara Alta con prioridad, hacia las presidencias de la Cámara de diputados y retornando a Senadores, siguiendo el orden de prelación de los cargos, de manera vertical para la sucesión constitucional.
La Senadora Añez era la Segunda Vicepresidenta en funciones, los otros vicepresidentes y presidentes, habían renunciado el 10 de noviembre, generando un peligroso y preocupante vacío de poder, los ciudadanos estaban siendo agredidos en sus hogares por grupos organizados de delincuentes que incendiaban y saqueaban. En consecuencia, con el artículo 39, combinado al artículo 41 del referido Reglamento, se activa la sucesión constitucional, toda vez que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente electo García Linera, ya había renunciado e incluso había fugado del país.
Complementariamente, para consolidar dicha figura jurídica, el Tribunal Constitucional emitió un Comunicado -basándose en la Declaración Constitucional 003/2001, parte del ordenamiento constitucional de Bolivia- aclarando que en circunstancias excepcionales, se procede Ipso Facto.
Por último, se consolidó la sucesión constitucional, aplicando el artículo 170 de la CPE, donde se establece que cesará el mandato del presidente en caso de ausencia o impedimento definitivo, situación que se consolida pues ya el día 11 de noviembre, el ex presidente, era recibido en calidad de asilado en el estado mexicano, confirmando que se ausentaría del cargo de manera definitiva.
Aunque ya no era necesario, empero, dicho Organo del Estado aceptó su renuncia escrita en sesión plenaria, donde participó y hasta votó a favor, la diputada Lidia Patty, ahora denunciante del “caso golpe de Estado”. Inexplicables incoherencias contrarias a la ética.
¿Que pretende el oficialismo?
Si bien es incongruente jurídicamente insistir en la narrativa de Golpe de Estado, por las consideraciones legales ya expuestas, así como por los antecedentes y el contexto descrito del levantamiento popular, pacífico y persistente, sumado a la ausencia de fuerza pública por la negativa de la policía a reprimir a la población civil, es pertinente preguntarnos qué busca el oficialismo con la creación forzada de este meta-relato, el cual busca imponer mediante la difusión masiva en los medios y declaraciones oficiales, cuanto en la amplificación de dicho relato, mediante las persecuciones judiciales ahora iniciadas, en ausencia de elementos que le brinden asidero jurídico.
La negativa a reconocer la sucesión constitucional ocurrida en noviembre 10 de 2019, procurando imponer el metarrelato de Golpe de Estado, no sólo penaliza el apego a la CPE y la solución pacífica de los conflictos basándose en preceptos constitucionales, sino de manera muy peligrosa, agrede directamente al principio de Seguridad Jurídica, base fundamental del Estado de Derecho, tal como establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 0498/2018, sobre los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y Supremacía Constitucional. ¿Por qué se atreven a hacerlo? Ensayemos dos hipótesis.
Como no se puede forzar la voluntad popular, así quedó demostrado en las elecciones de gobernadores y Alcaldes, donde el gobierno perdió 8 de 9 municipios de capitales y la mayoría de las gobernaciones. Ello produjo gran malestar al interior del Movimiento al Socialismo, anunciándose una evaluación de las decisiones cupulares, en la designación de candidatos, porque los que impuso el jefe de partido Evo Morales, sufrieron ostensibles derrotas.
La primera hipótesis sugeriría una necesidad de cohesionar a las bases partidarias del MAS en torno a la narrativa del victimismo por el poder que les fue despojado el 2019, al mismo tiempo que crearía una distracción sobre los reclamos partidarios, priorizando la persecución política de los “otros”, “los enemigos”.
La segunda hipótesis obedecería a la necesidad de implantar un régimen de temor/terror en sectores sociales no afines al gobierno, con el propósito final de evitar la reacción popular y la reedición de levantamientos similares al 2019. Por ello incluye de manera primordial, los procesamientos a militares, jefes policiales y ex autoridades del gobierno transitorio. El castigo sería ejemplarizador y así, evitaría atisbos de insurgencia en el débil gobierno de Luis Arce Catacora. Esta segunda hipótesis es la más probable, pues hay una disputada de sentido común en la sociedad, librada por los operadores e intelectuales del régimen, en franco desconocimiento de la evolución social que derivó en la insurrección popular de 2019.
La sociedad boliviana ha demostrado apego hacia la Democracia, y por ello busca siempre soluciones institucionales a los conflictos políticos latentes por problemas sociales irresueltos, en el escenario de la diversidad racial que genera un campo fértil para los discursos de odio, azuzados y promovidos casi exclusivamente desde el partido de gobierno. Por ello es apremiante cuestionar al actual gobierno y clase política si están conscientes hacia qué rumbo nos conducen. ¿Quo Vadis, Bolivia?
Moira Sandoval es analista política.
