Principio del fin, del gobierno del MAS

La evolución de la actual crisis que vive el país (cuyo estallido se iniciara el 21 de octubre, un día después de las elecciones nacionales) alcanza vastas dimensiones, que impactan sobre el Estado. La rápida trayectoria del recorrido de la crisis, hasta alcanzar la dimensión nacional, marca los elevados grados de acumulación histórica democrática en esta sociedad. Sobre la base de este supuesto, reflexionemos ahora sobre la presente crisis. 

Es ilustrativa de esta acumulación, la rapidez del tránsito de la crisis actual por diversas “fases”. Como se recuerda, esta comenzó siendo una crisis electoral, debido a la manipulación en el recuento rápido de la votación, durante la noche misma de  las elecciones. El lapidario informa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a las irregularidades observadas, particularmente durante el recuento rápido de votos y la insistencia del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por ignorar las múltiples denuncias de anormalidades a lo largo  del acto electoral, llevaron al principal  partido de oposición -Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa- a adelantar el desconocimiento a los resultados de las elecciones, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría presentar. Las organizaciones cívicas de todo el país, así como todos los demás partidos de oposición, se sumaron al rechazo, con lo que la crisis electoral escaló a crisis política. 

Ante esta evolución, el MAS insistió, por medio del TSE, en la estrategia del desconocimiento  de la lluvia de denuncias de fraude electoral. Esta desvergonzada actitud solamente elevó y generalizó la indignación de la ciudadanía. Entonces, la crisis escaló a un nuevo nivel para convertirse en crisis social; punto en el que ahora nos encontramos. 

En medio de esta primera parte de la evolución, la iniciativa política ha estado en los partidos de oposición. La denuncia de fraude electoral inicialmente, el desconocimiento a los resultados electorales y el llamado a la pacífica resistencia ciudadana luego, empujó al gobierno hasta el extremo de no poder responder a las acusaciones sino con evasivas. Al poco tiempo, el MAS se vio obligado a aceptar una auditoria internacional a los resultados de las elecciones del 20 de octubre, por parte de la OEA. La posibilidad no sonaba tan mal porque desde el gobierno de Morales se pensaba haber encontrado un mecanismo para convalidar el fraude, imposibilitar una segunda vuelta electoral y, lo principal, desactivar la protesta social. Les parecía que esa perspectiva estaba asegurada, dado el servicio que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya había prestado a Evo Morales, al hacerse de la vista gorda ante la inconstitucional candidatura Morales – Linera, durante una anterior visita al país. 

Pero la maniobra era demasiado burda como para que una sociedad movilizada en contra del escamoteo a la mayoritaria voluntad democrática la aceptara. Por lo demás, la maniobra representaba una nueva muestra del mañoso comportamiento político con el que el MAS siempre había acostumbrado a encubrir su carácter anti-democrático. La indignación de la ciudadanía, expresada en la huelga indefinida declarada por el movimiento cívico nacional, llevó a Carlos Mesa a adelantar que no reconocerá el informe de la auditoría de la OEA y a exigir la anulación de las elecciones del 20 de octubre. La respuesta de Evo Morales fue un nuevo manotazo que se llevó, por ahora, la vida de dos bolivianos que defendían la democracia. Desesperado, Morales convocó a sus seguidores a cercar las ciudades, a cortar el suministro de alimentos a sus habitantes y a disolver los bloqueos ciudadanos por la fuerza. A esa orden, se escenificó una marcha de supuestos mineros en La Paz para, a dinamitazos y palos, arremeter contra la población de esta ciudad. Los seguidores del MAS también procedieron a cercar las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, a lanzar grupos de choque, en acciones sorprendentemente coordinadas con la policía, con la finalidad de agredir, armados de piedras y palos, a todo ciudadano que se encontrara en cualquiera de los puntos de bloqueo. Pero para sorpresa del MAS y su jefe, nada de ello doblegó el espíritu democrático de la población y al contrario, incrementó la voluntad general de recuperar la democracia. 

En este contexto, el cabildo nacional convocado por las organizaciones cívicas el pasado jueves 31 de octubre fue la manifestación de la evolución de la crisis. Los cientos de miles de ciudadanos, congregados en cada una de las principales ciudades, así como las resoluciones asumidas, dejaron muy en claro la resolución de la sociedad en no desmayar en su propósito. Entre las resoluciones del cabildo nacional destacan el desconocimiento al informe que la OEA pueda presentar, la exigencia a nuevas elecciones y la radicalización de la movilización nacional. No cabe duda que el cabildo ha introducido un nuevo giro a la crisis, llevando la maduración de esta a un nuevo nivel. Es este nuevo nivel lo que explica el por qué saliera del foco de interés de los ciudadanos, el informe de la OEA. Diga lo que diga este informe, en contrasentido de la anulación de las elecciones del 20 de octubre, no influirá en nada en el conflicto que vive Bolivia y lo peor, no contribuirá a desactivar la crisis. Debe entenderse que, de lo que se trata en el conflicto que vivimos, es de la manera en que la acumulación histórica democrática de la sociedad boliviana se expresa; lo hace precisamente por medio de la inquebrantable movilización ciudadana. No podría comprenderse la persistencia democrática sin esta acumulación, que tuvo su momento constitutivo en noviembre de 1979 y que en el pasado inmediato se expresó en el referéndum del 21 de febrero del 2016 (y cuyos resultados, para variar, fueron desconocidos por Evo Morales). La rápida evolución de la crisis que hemos resumido, es la manera en que esa acumulación histórica actúa en el presente y condiciona la política nacional. 

Decir que Bolivia se encuentra ante la proximidad de una crisis estatal no es una exageración. En realidad, lo que queremos significar con ello es que la protesta nacional en defensa de la democracia tiene un impacto estatal, vale decir impacta en el funcionamiento y la determinación del Estado. El que una mayoría social pueda producir este impacto no ocurre siempre, como puede observarse en el ejemplo venezolano. Con todo, hoy la mayoría de impacto estatal en Bolivia condiciona las perspectivas de solución. La solución por medio de la represión, (mal)utilizando a las Fuerzas Armadas (FFAA) en un extremo, por ejemplo, resulta en la actualidad un proyecto inviable. La dimensión y la entereza de la protesta torna poco realista esta perspectiva, incluso en el caso en el que, para ello, pudiera dictarse estado de sitio y suspenderse las garantías constitucionales. La inviabilidad de una solución represiva, en protestas sociales nacionales, ha quedado ejemplificadas en otras protestas del continente, igualmente multitudinarias como la boliviana de hoy en día; pensamos en Ecuador y Chile. Por ello, en segundo término, la magnitud de la protesta sólo impactaría en el seno de las FFAA, motivando un acelerado desgaste político e institucional y alimentando, también, las contradicciones entre tendencias constitucionalistas y tendencias dictatoriales. 

Así las cosas, ¿qué perspectivas de solución quedan entonces? La propuesta de solución pacífica, sensata y democrática vino por el lado de la ciudadanía, reunida en el cabildo nacional del 31 de octubre. Con la no atención a esta propuesta, al contrario, la crisis continuará escalando a niveles cada vez más complejos. En efecto, la tendencia del desarrollo de la crisis apunta a una crisis estatal y en perspectiva, luego de la maduración de ésta, incluso hacia una crisis nacional, con el consiguiente peligro de una ruptura social. La dimensión nacional del descontento ciudadano no es posible constreñirla a marcos que supongan el desconocimiento a la voluntad democrática. No es posible, porque precisamente la madurez democrática ha desnudado la falta de credibilidad del acto electoral del 20 de octubre. Por ello, el gobierno de Evo Morales no cuenta con legitimidad legal (el fraude no crea legalidad, se entiende), ni con legitimidad social; es decir, no cuenta con los dos pilares de la legitimidad que requiere todo gobierno democrático. Como se sabe, en política, lo que no se puede legitimar  no existe. La proximidad del fin del gobierno del MAS, pues, se asienta en hechos objetivos que ni el empecinamiento psicótico del MAS, ni la pretensión de auxiliarlo, por parte de Luis Almagro, pueden evitar.